La concejala del bloque justicialista de Concordia, Carolina Amiano, advirtió “graves irregularidades administrativas, jurídicas y políticas” en la contratación de la empresa cordobesa VITSA Soluciones Ambientales S.A. que desde el 20 de marzo está encargada de manera parcial del servicio de recolección de residuos en la ciudad. La edil sostuvo que el proceso “invierte completamente el orden legal” y deja expuesto al municipio a un esquema contractual que “protege más al proveedor que a los recursos públicos”.

Según documentación oficial del expediente a la que dice haber accedido Amiano, la empresa solicitó la habilitación municipal recién el 30 de marzo de 2026, mientras que el convenio fue firmado el 19 de marzo, el mismo día en que el Concejo Deliberante aprobó la Emergencia Ambiental.

En ese sentido, la edil explicó que la normativa vigente exige una serie de condiciones básicas antes de contratar: habilitación municipal, controles técnicos, verificación de equipos, condiciones de seguridad e impacto ambiental. “Nada de eso puede saltearse. La emergencia puede flexibilizar procedimientos, pero no elimina controles esenciales. No se puede habilitar ‘de hecho’ a una empresa que ya está operando”, enfatizó.

Amiano también cuestionó el uso de la emergencia ambiental como argumento para avanzar en la contratación directa. “Se declaró una emergencia estructural con fundamentos como los microbasurales o la crisis sanitaria, pero cuando analizamos el convenio lo que aparece es otra cosa: no hay un plan integral, no hay compromisos claros para erradicar los basurales. Se termina contratando un servicio básico de recolección, sin una política ambiental de fondo”, señaló.

En relación al costo del servicio, advirtió que el acuerdo fija valores elevados, con actualizaciones automáticas que el municipio no controla: “En un contexto donde cada peso cuenta, esto no es menor. Se comprometen recursos públicos sin previsión ni control efectivo”.