El gobierno de Javier Milei comienza a enfrentar un problema clásico, pero letal: el choque entre el relato y la realidad. Lo que hasta hace pocos meses era capital político acumulado en base a expectativas, hoy empieza a erosionarse frente a la realidad concreta de millones de argentinos que ven deteriorarse sus condiciones de vida.

Mientras Milei organiza sus discursos en lo que considera justo o injusto como base moral de su gestión, proliferan las denuncias en contra suya o de su entorno por posibles hechos de corrupción. Mientras alardea que la inflación llegará a cero en agosto, los precios de alimentos y servicios siguen en preocupante ascenso. Mientras asegura que su modelo no generará desocupación –sino que trasladará trabajadores de empresas ineficientes a eficientes–, la desocupación crece y se ubica en el primer puesto de las preocupaciones ciudadanas. Mientras su discurso de orden se apalanca en la defensa de las fuerzas seguridad, sumerge en una profunda crisis financiera y operativa el IOSFA, la obra social de los militares y fuerzas de seguridad en Argentina. Mientras promete que el avance tecnológico no destruirá empleo, el mundo discute un salario universal ante el posible reemplazo del trabajo humano por la inteligencia artificial.

En un escenario donde crece la preocupación por la economía de todos los días, al Gobierno ya no le alcanza con responsabilizar a administraciones anteriores. El crecimiento de la pobreza –que una mayoría de la opinión pública proyecta para el país cuando finalice el gobierno libertario– dejó de adjudicarse al pasado y se concentra hoy en el actual modelo económico de Milei.

La situación laboral es más delicada de lo que parece. El panorama del mundo del trabajo es mucho más grave que el 7,5% de desempleo oficial. La desocupación está en crecimiento, pero además, si al 7,5% se le suma el 16,5% de ocupados que buscan un segundo empleo y el 6% de ocupados que potencialmente podrían buscarlo, tenemos un 30% de la Población Económicamente Activa presionando sobre el mercado de trabajo.

El último estudio de opinión pública de Hugo Haime muestra a nivel nacional cómo esas realidades repercuten en el ánimo social. Apenas el 28% de los hogares afirma llegar a fin de mes con sus ingresos. La mitad de la población tuvo que modificar sus hábitos de compra y un 38% de las familias recurre al endeudamiento –prestamistas, tarjetas de crédito– o a sus ahorros para cubrir gastos ordinarios. Diferentes estudios dan cuenta del aumento de la incobrabilidad a entidades formales (bancos) e informales (billeteras virtuales, financieras, mutuales).

Según Haime la aprobación de gestión volvió a su piso histórico del 37% y la imagen personal del Presidente regresó a valores previos a su triunfo electoral. Solo el 35% de los electores expresa adhesión al gobierno.

La caída de la imagen del gobierno nacional no es un fenómeno casual ni comunicacional: es profundamente material. La inflación no cede, el empleo se destruye de manera sostenida y miles de fábricas, comercios y emprendimientos bajan sus persianas en todo el país. Frente a esto, el oficialismo insiste en mostrar indicadores de crecimiento que, en el mejor de los casos, resultan irrelevantes para la vida cotidiana de la mayoría.

Porque el problema no es si la economía crece, sino cómo crece y para quién. El modelo actual exhibe una expansión concentrada en sectores como la energía, la minería y el agro, que explican buena parte de los números macro pero apenas generan alrededor del 9% del empleo. Mientras tanto, los sectores que sostienen el trabajo masivo —industria textil, construcción, comercio— están en crisis. El resultado es alarmante: crecimiento sin empleo, y en muchos casos, crecimiento con destrucción de empleo.

Ese divorcio entre macroeconomía y vida real tiene consecuencias políticas inevitables. No hay narrativa que resista cuando el salario pierde contra la inflación y el trabajo desaparece. Y es ahí donde empieza a resquebrajarse el núcleo de apoyo del gobierno.

Pero si el frente económico explica el desgaste, el plano simbólico lo acelera. El caso de Manuel Adorni es, en este sentido, paradigmático. El principal vocero de la “moral anticasta”, el que construyó su capital político denunciando privilegios, termina envuelto en un episodio que sintetiza todo lo que el propio gobierno decía venir a combatir: uso de recursos públicos para viajes con beneficios familiares y alojamiento en hoteles de lujo en el exterior. La coherencia discursiva del oficialismo, su principal fortaleza, enfrenta una erosión del capital simbólico de la austeridad, lo que exacerba la percepción de una brecha ética entre el sacrificio solicitado a la ciudadanía y el comportamiento de la "nueva casta".

No es un error menor. Es una señal política devastadora. Porque cuando un gobierno que se legitima en la superioridad moral empieza a exhibir las mismas prácticas que criticaba, pierde mucho más que imagen: pierde credibilidad. Y sin credibilidad, el ajuste deja de ser épica para convertirse en abuso.

Ahora bien, pensar que este desgaste se limita a la Casa Rosada es un error de lectura. En política, los costos también se distribuyen. Y una incógnita sobrevuela: ¿cuánto falta para que empiecen a derramar sobre los aliados territoriales?

Entre Ríos puede ser un caso testigo. Rogelio Frigerio no solo acompañó a Milei, sino que apostó políticamente al proyecto libertario de manera explícita. Militó su llegada al poder en 2023 y profundizó esa alianza en 2025, cediendo los primeros lugares de las listas legislativas al oficialismo nacional. No fue una alianza táctica: fue una integración política.

Hoy, esa decisión empieza a volverse incómoda. El “efecto derrame” ya está en marcha. A medida que la imagen de Milei cae, crece la tendencia de la ciudadanía a identificar a Frigerio como parte del mismo esquema de poder y, por lo tanto, como corresponsable de sus consecuencias. El problema para el gobernador es que ese arrastre se da en un contexto provincial cada vez más delicado.

El frente social está lejos de estar contenido. Los empleados públicos —docentes, trabajadores de la administración central y fuerzas de seguridad— vienen acumulando un deterioro sostenido de su poder adquisitivo. Las paritarias por debajo de la inflación no son una percepción: son un hecho. Y las respuestas empiezan a aparecer en forma de paros, movilizaciones y creciente conflictividad, con gremios como AGMER marcando el pulso de la protesta. Las bases del gremio docente mayoritario reclaman que las escuelas siguen cayéndose a pedazos, los caminos están intransitables para llegar a clases, los docentes hacen dedo para llegar a su trabajo y fundamentalmente que los sueldos no superan la línea de pobreza.

Históricamente, el gremio docente en Entre Ríos ha funcionado como el termómetro de la conflictividad social. Sin embargo, la actual precariedad ha transformado la reivindicación salarial en una lucha por la subsistencia. La figura del "docente indigente" mencionada por el docente Víctor Hutt no es una hipérbole retórica, sino una realidad matemática: el salario de un cargo testigo inicial es de 621.000 pesos, mientras que la línea de indigencia es de 623.990 pesos.

Este estrato de "indigencia salarial" afecta a sectores críticos del sistema educativo: maestras jardineras, docentes de educación especial, preceptores y maestros de escuelas "Nina" con menos de cinco años de antigüedad.

La pérdida de poder adquisitivo también afecta a trabajadores de seguridad. Se trata de una precarización que ha dado lugar a un fenómeno que comienza a consolidarse en las calles de las principales ciudades entrerrianas como una estrategia para llegar a fin de mes: el de los "poli-ubers".

Ante salarios que pierden sistemáticamente la pulseada contra la inflación, cada vez más efectivos de la Policía de Entre Ríos se ven empujados a sumar horas como choferes de aplicaciones. En un contexto nacional donde el pluriempleo ha crecido un 40% en los últimos ocho años, los agentes de seguridad no son la excepción; muchos descubren que las plataformas digitales ofrecen una retribución por hora superior a las horas adicionales o extras oficiales, que suelen pagarse con retraso y montos magros.

Muchos efectivos cumplen sus guardias y luego pasan entre cuatro y seis horas adicionales al volante de un Uber, restando tiempo vital al descanso.

En Entre Ríos, este "rebusque" se vuelve una necesidad material frente a un modelo económico que sumerge a los trabajadores públicos en la incertidumbre.

A esto se suma una decisión política que ya muestra costos evidentes: la transformación de IOSPER en OSER. Lo que fue presentado como una reforma para “ordenar” la obra social terminó generando el efecto contrario. El desplazamiento de sectores gremiales opositores, en connivencia con el sindicalismo alineado, no mejoró el sistema: lo hizo implosionar. Hoy, la obra social provincial es una de las principales fuentes de enojo del empleado público y sus familias, con prestaciones cada vez más cuestionadas. Un solo ejemplo basta de muestra.: actualmente el valor de hora que abona OSER a un AT (acompañante terapéutico) es 4.515,62 pesos, cuando el mínimo ético que establece el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos (CATER) es de 14.500 pesos. Lo cual implica que la OSER no llega a cubrir ni siquiera el 30% del mínimo ético.

Como si el escenario no fuera suficientemente tenso, el gobierno avanza con una reforma previsional que toca uno de los núcleos más sensibles del contrato social entrerriano: la jubilación. El intento de aumentar la edad jubilatoria y poner en discusión el 82% móvil no solo tiene impacto económico, sino un enorme costo político, con la modificación del IOSPER como antecedente. Es, en términos simples, abrir un nuevo frente de conflicto en una sociedad que ya muestra signos claros de agotamiento.

En este contexto, mirar a Santa Fe puede servir como advertencia. Maximiliano Pullaro, aliado y referencia de gestión para Frigerio, enfrenta hoy un nivel de conflictividad creciente, especialmente con el sector docente. Las tensiones están lejos de resolverse y el fantasma de un conflicto social de mayor escala ya forma parte de las preocupaciones centrales de su gobierno, con dos diferencias importantes: que los sueldos docentes de la vecina provincia son significativamente superiores a los de Entre Ríos y que Pullaro no se alineo políticamente con Milei.

También el malestar policial en la región tiene un antecedente inmediato en Santa Fe, donde la falta de canales de diálogo y salarios que no alcanzan provocaron un conflicto que escaló a acuartelamientos y patrulleros cortando calles.

Este estallido fue detonado por condiciones de precariedad salarial, suicidios de efectivos y situaciones que se agravan cuando los agentes deben trasladarse cientos de kilómetros para prestar servicio.

Para el gobierno de Entre Ríos, esto funciona como una advertencia: cuando el ajuste impacta en el tejido social y no hay contención, la conflictividad escala rápidamente.

Frigerio todavía conserva niveles de imagen relativamente estables. Pero ese capital no es inagotable. Si el gobierno nacional continúa deteriorándose y la provincia no logra amortiguar el impacto económico y social, el “efecto derrame” puede transformarse en un arrastre directo.

La política argentina entra en una etapa donde las identidades empiezan a reconfigurarse al ritmo del malestar. La pregunta no es si el desgaste va a llegar a las provincias. La pregunta es cuándo y con qué intensidad.