Velázquez tomó posición sobre la judicialización de la política y opinó: “Creo que hay que terminar con llevar los problemas de la rosca política a la mesa de entrada de Tribunales, eso no le hace bien a la política como tampoco a la Justicia. Obligan a la Justicia a tener un rol político cuando su intervención es la última barrera, la última respuesta, no la primera ni la única. Si interviene la Justicia es porque todos los mecanismos de contención y de solución de un conflicto han sido superados”.

El letrado entendió que “estas situaciones colocan a la Justicia y a la Fiscalía en el lugar de hacer política, la sociedad y los dirigentes le exigen a la Justicia respuestas políticas antes que jurídicas. Reitero, la Justicia en su conjunto, creo que es la última intervención, una forma de aprendizaje social de cómo resolvemos conflictos, una forma de reafirmar el mensaje comunicacional de que tal conducta no se hace, pero ello no resuelve el problema. Hay que interpelar sinceramente a la sociedad y a nosotros mismos cuales van a ser las reglas que regularán nuestra convivencia y la forma de resolver los conflictos”.

Coherencia jurídica

Sin embargo, Velázquez entendió que “el ejercicio de la profesión liberal del abogado es inescindible de la política -no me refiero en términos partidarios-, porque tanto en la formación de la ley como en su interpretación y en la aplicación hay disputa de poder siempre. La ley regula nuestras formas de vincularnos y los conflictos que se generan por convivir socialmente”.

Tras esa afirmación, expresó que “en este sentido y empezando por casa, el litigante, a pesar de la representación de un interés particular que manifiesta, debería tener una línea racional y coherente sobre el Derecho y la forma de ejercerlo. De nada sirve en el rol de la defensa penal recurrir a las garantías, citar a Ferrajoli y luego, al momento de ejercer una querella, se es el neo populista extremo en todo su esplendor pidiendo cárcel o bala”.

Finalmente, el letrado opinó que ese “es un fenómeno habitual en Tribunales. De la misma manera, me preocupa la mirada de algunos funcionarios judiciales que ven en el defensor penal un obstáculo al procedimiento. Como siempre digo, si tienes todo el poder estatal, que te cuesta cumplir con la ley, ya que el cumplimiento del procedimiento garantiza un método que permita arribar a un resultado legítimo”.