Los ediles del peronismo pidieron información sobre la adjudicación directa a la firma cordobesa VITSA para la recolección de residuos en la ciudad. Entre los considerandos se manifestó que existe incertidumbre respecto de la firma contratada, así como de las condiciones en que se llevó adelante el contrato, lo que impide un adecuado control institucional, ya que pese al tiempo transcurrido desde la implementación de las contrataciones y a los canales institucionales habilitados (Portal de Transparencia del Municipio), no se garantizó la publicación completa y accesible de la información correspondiente, manifestaron.

A su vez, señalaron que “es de público conocimiento que, a escasas horas de haberse aprobado la ordenanza de Emergencia Ambiental, ya se encontraban en ejecución servicios vinculados a su objeto, lo que genera razonables interrogantes respecto de la existencia de gestiones o acuerdos previos”.

El pedido abarca la copia íntegra y certificada del expediente administrativo mediante el cual se tramitó la contratación directa en el marco de la Emergencia Ambiental, incluyendo todos los actos administrativos, dictámenes, informes técnicos y la documentación respaldatoria.

A su vez, requierieron un informe detallado y documentado sobre la firma contratada, indicando razón social, CUIT, domicilio legal, responsables y antecedentes en contrataciones con el Estado. También reclamaron saber cuáles fueron los criterios de selección utilizados y si se solicitaron otros presupuestos, alternativas o comparativas de oferta.

Por otra parte, demandaron conocer “el objeto de la contratación, el monto total, los plazos, la modalidad de pago y eventuales ampliaciones o modificaciones contractuales y una copia de las certificaciones de servicios emitidas por las áreas correspondientes que acrediten la efectiva prestación de los trabajos, indicando los funcionarios responsables de su control y conformidad”.

Finalmente, solicitaron “se informe qué mecanismos de control, seguimiento y verificación se implementaron para garantizar el cumplimiento de las prestaciones contratadas y si la información vinculada a dichas contrataciones fue publicada en el Boletín Oficial u otros canales institucionales, indicando fechas, medios de publicación y, en su defecto, las razones de su no difusión”.