Juan Enrique Ruiz Orrico atraviesa su hora más crítica frente a la Justicia.
Mientras la jurisdicción provincial ratificó su responsabilidad penal por la muerte de cuatro personas en un siniestro vial en 2024, en la Justicia Federal sigue abierta una investigación de largo aliento iniciada en 2019 tras una denuncia por presuntas irregularidades y defraudación en el dragado del Río Uruguay.
El frente judicial más inmediato para Ruiz Orrico se cerró recientemente en el ámbito provincial. La Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva. La sentencia responde al trágico choque ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 123.
En aquel momento, se desempeñaba como titular del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) y conducía alcoholizado un Volkswagen Passat oficial. Según lo acreditado en el juicio, el ex funcionario invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores de Basavilbaso: Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes fallecieron en el lugar mientras se dirigían a su empleo en la localidad de Pronunciamiento. Sin embargo, Ruiz Orrico sigue en libertad ya que aún la sentencia no quedó firme.
El frente federal: la causa CARU
Según las resoluciones judiciales, paralelamente a su situación por el siniestro vial, Ruiz Orrico batalla en los tribunales federales en un expediente que se originó hace siete años.
La causa, caratulada como “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar”, se inició el 4 de julio de 2019 tras una denuncia presentada por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.
La denuncia apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones para las obras de dragado del Río Uruguay, llevadas adelante por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Según la presentación original, existiría una "cartelización" de empresas que habría permitido adjudicar obras por un monto de 36 millones de dólares, cuando el precio de mercado internacional para tales tareas habría sido de 16 millones de dólares. Esta maniobra habría representado una defraudación a los estados argentino y uruguayo por un total de 19 millones de dólares.
En este proceso, Ruiz Orrico está investigado junto a otros ex integrantes argentinos de la CARU, como Mauro Héctor Vazón (actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos) y Jorge Diego Satto (secretario de Turismo provincial), además de Pieter Jan de Nul, representante de la empresa históricamente adjudicataria de las tareas de dragado.
Los delitos bajo la lupa incluyen fraude a la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.