Una ley que hipoteca a Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos impulsa una ley que se presenta como un esfuerzo por restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. El proyecto, en apariencia, busca ordenar el perfil de vencimientos para evitar crisis de liquidez y aliviar el peso del endeudamiento sobre las finanzas provinciales. Sin embargo, detrás de esa fachada técnica, el verdadero objetivo es autorizar al Ejecutivo a endeudarse por hasta USD 500 millones sin controles, sin objetivos claros y sin establecer ningún sendero real de sostenibilidad.

La norma —pomposamente titulada Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública de la Provincia de Entre Ríos— no tiene nada de sostenible. Otorga al Poder Ejecutivo facultades amplísimas para emitir nueva deuda, realizar operaciones de crédito público, canjear, refinanciar, capitalizar intereses, contratar asesores y colocadores por contratación directa, someterse a legislación extranjera, ceder coparticipación como garantía y emitir tanto en pesos como en dólares. Todo esto, sin una sola cláusula de control legislativo, responsabilidad fiscal o rendición de cuentas.

Una emisión de esta magnitud sería ruinosa para la provincia. Pedir autorización para colocar hasta USD 500 millones en los mercados —cuando el propio mensaje adjunto a la ley reconoce que la situación financiera de Entre Ríos es crítica— es financieramente inviable. Ese monto equivale a la totalidad de los ingresos de origen provincial de un año entero.

En las condiciones actuales, el costo financiero de un bono internacional en USD para Entre Ríos rondaría el 12% anual. Sobre una emisión adicional de USD 500 millones, la carga de intereses sería mayor a USD 50 millones anuales, lo que es comparable al gasto salarial de un mes completo de la provincia. Pensemos que esta emisión sería salir al mercado de crédito internacional con tasas muy superiores a las de provincias como Córdoba o Santa Fe que hoy podrían colocar su deuda en dólares con costos en torno al 8% al 9% anual.

Una deuda con ese costo anual en dólares es directamente impagable para una provincia en crisis operativa y financiera, tal como describe el mensaje adjunto a la ley.

Con el contexto crítico que se describe de la provincia, es llamativo el diseño de la ley. Se habla de responsabilidad fiscal en el mensaje y de sostenibilidad de deuda en la ley, pero no hay un solo artículo que establezca criterios de responsabilidad fiscal, reglas de transparencia o límites al uso del crédito. Es, simplemente, una autorización general para endeudarse y contratar intermediarios financieros, bancos y abogados, sin ninguna estrategia para ordenar los ingresos y gastos de la provincia.

Si el gobernador está preocupado por la sostenibilidad de la deuda, y lo que busca es refinanciar los compromisos que tiene en el marco de una “restauración de la sostenibilidad de la deuda”, lo más razonable es que la Ley contenga los mismos criterios que seguía el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (24.156). Previo a la modificación ruinosa realizada por el gobierno de Milei en el decreto 846/2024, el espíritu del artículo 65 era definir que, para realizar operaciones de crédito público, considerando reestructurar deuda pública, conversión o renegociación, la operación debía cumplimentar dos de las siguientes tres condiciones:

• Quita de capital
• Extensión de Plazos
• Baja de los cupones de interés

Incorporar esa lógica no solo sería sensato, sino indispensable si el gobierno provincial realmente pretende mejorar el perfil de vencimientos y aliviar la carga de la deuda. En cambio, lo que se presenta hoy es una carta blanca para endeudarse con absoluta discrecionalidad, sin objetivos fiscales, sin anclajes institucionales y sin mecanismos de seguimiento.

Aunque la LAF no sea obligatoria para las provincias, el espíritu del artículo 65 debería ser un mínimo exigible para cualquier ley que se presente bajo el rótulo de “sostenibilidad”. Si no se busca extender plazos, bajar tasas o hacer quita de capital, entonces no estamos ante una busqueda de restaurar sostenibilidad o aliviar el perfil de vencimientos, sino ante un intento de conseguir financiamiento nuevo sin restricciones.

En definitiva, el gobierno provincial disfraza en una ley de sostenibilidad el pedido para actuar discrecionalmente. No hay sostenibilidad, no hay responsabilidad, ni intenciones de mejorar la situación financiera de la provincia. Solo hay un pedido de endeudamiento disfrazado y peligrosamente amplio. Si quieren mejorar la situación financiera de la provincia, tienen que proponer orden en las prioridades de gasto, límites al endeudamiento y, sobre todo, que toda operación para restaurar la sostenibilidad tenga realmente un beneficio para Entre Ríos.