

El proyecto lo impulsó el diputado Enrique Cresto (Más para Entre Ríos) y cuenta con el acompañamiento de sus pares de bancada Mariel Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno y la libertaria Gladys Liliana Salinas (Partido Conservador Popular).
En el texto se argumentó que se tomó “conocimiento por notas periodísticas y remitidas a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE) del gobierno, Alicia Fregonese, de acciones llevadas a cabo por el director Departamental de Escuelas Concordia y su secretario que podrían haber incurrido en actos que violan los principios fundamentales de equidad y transparencia y legalidad que deben regir la administración pública favoreciendo el ingreso de familiares y personas allegadas en cargos estatales, relegando de manera injusta a quienes aguardaban legítimamente su oportunidad mediante suplencias u otros mecanismos oficiales”.
En ese marco, se apuntó que: “Estas situaciones han causado un gran malestar en los trabajadores del área quienes han alzado su voz contra lo que entienden situaciones injustas que vulneran los principios de equidad, transparencia y respeto al orden de méritos establecido en el sistema educativo público afirmando que, en numerosos casos, trabajadores suplentes con más de 11 años de trayectoria y compromiso fueron desplazados de manera arbitraria, mientras se otorgaban cargos titulares a familiares y personas cercanas a los a los mencionados funcionarios, muchos de ellos sin la antigüedad ni los antecedentes necesarios para ocupar tales funciones”.
Asimismo, indicó que la gravedad de las afirmaciones “necesita ser esclarecida con información clara y concreta para deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia”.
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