"A casi tres meses de la falta de entrega de los alimentos, nos preocupa profundamente que se soliciten cada vez más datos de quienes atraviesan situaciones de necesidad y sean menos las respuestas concretas del Estado", señalaron desde la organización y advirtieron que “las decisiones políticas llevadas adelante por el gobernador Rogelio Frigerio y su funcionarios y funcionarias; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario de Seguridad Alimentaria, Miguel Heft; y Soledad Solanas impactan y afectan directamente en la vida de miles de niños, niñas, adultos mayores y trabajadores de la economía popular”.
En ese sentido, puntualizaron que “la fila de nuestros comedores y merenderos se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la crisis social que atraviesa nuestra provincia. Una emergencia que no se mide únicamente en estadísticas, sino en las mesas vacías, en las familias que reducen comidas, en jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentarse, en trabajadores que no encuentran trabajo y en niños y niñas que dependen de los espacios comunitarios para acceder a una taza de leche". “Cuando se pone más esfuerzo en controlar a quienes necesitan comer que en garantizar el derecho a la alimentación, lo que se administra no son recursos: se administra la exclusión", subrayaron.
Frente a esa situación, la UTEP exige “la inmediata regularización de la entrega de alimentos para comedores y merenderos, un cronograma público de distribución que garantice previsibilidad, explicaciones urgentes sobre los motivos de la interrupción, el sostenimiento efectivo de la emergencia alimentaria en toda la provincia y políticas públicas que fortalezcan el trabajo comunitario, en lugar de perseguirlo y burocratizarlo".
Finalmente remarcaron “que las organizaciones nucleadas en la Mesa contra el Hambre habían propuesto, a través de la Ley de Emergencia Alimentaria, el relevamiento de los espacios comunitarios como política de reconocimiento y acompañamiento. Fue el propio oficialismo quien retiró ese punto e impidió que formara parte del proyecto que luego se aprobó y rigió hasta 2025”.
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Hermes