El bloque de diputados provinciales Más para Entre Ríos adelantó que "defenderemos el texto vigente, que establece con claridad que las funciones esenciales del Estado no pueden ser concesionadas ni privatizadas", ante el proyecto impulsado por la diputada Noelia Taborda y acompañado por la mayoría oficialista, que propone modificar el artículo 5° de la Ley N° 11.280, que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la provincia.
Según los legisladores, "lo que genera preocupación no es solamente el contenido de la iniciativa, sino también el mensaje institucional que transmite", ya que la Ley “fue sancionada hace poco más de un mes luego de ser debatida en la Legislatura y acaba de ser promulgada", pero el oficialismo legislativo que responde al gobernador Rogelio Frigerio, "que votó esa misma ley, ahora pretende modificar uno de sus artículos centrales". Para los diputados, "esto constituye una clara desvalorización del trabajo legislativo y una falta de respeto hacia la discusión parlamentaria y los aportes realizados por la oposición".
Durante el debate original, uno de los principales planteos del bloque estuvo vinculado a "la necesidad de establecer límites claros e inequívocos para evitar cualquier posibilidad de privatización de áreas sensibles del Estado". Por eso, el artículo 5° vigente establece "de manera expresa que la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario quedan excluidos de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros".
Sin embargo, "la modificación impulsada por el oficialismo elimina esa prohibición explícita y la reemplaza por una redacción que admite la concesión de actividades y funciones esenciales, reservando para el Estado únicamente la titularidad y las facultades regulatorias y de fiscalización". Para el bloque, "la diferencia es sustancial: mientras el texto vigente prohíbe de manera categórica la concesión de funciones esenciales, la nueva redacción abre la puerta para que esas actividades puedan ser gestionadas por terceros".
Los legisladores cuestionaron además la coherencia del oficialismo: "Resulta llamativo que quienes hace pocas semanas defendían públicamente el texto aprobado ahora sostengan la necesidad de modificarlo. ¿Qué nivel de seriedad tuvo entonces el debate legislativo que llevó a su sanción si, a los pocos días, quieren votar exactamente lo contrario?".
El espacio fue categórico respecto de las consecuencias de la reforma: "Esta modificación habilita la concesión de actividades o funciones esenciales. Si se aprueba, se podrá concesionar, privatizar o transferir a terceros la gestión de servicios vinculados a la salud, la educación, la justicia o la seguridad."
"No se trata solamente de una discusión jurídica, sino fundamentalmente de la definición del rol que debe asumir el Estado en la garantía de derechos fundamentales", advirtieron y remarcaron que "la educación, la salud, la justicia y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado".
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Hermes