Mediante un proyecto de Resolución, el bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” manifestó su profunda preocupación por la situación producida ante la finalización de las concesiones de las rutas nacionales, que comenzará este 9 de abril y afectará en la provincia la operación del Enlace Vial Rosario-Victoria, el puente Zárate-Campana y la Ruta Nacional 14.
En ese sentido, los legisladores justicialistas solicitan enfáticamente al gobernador Rogelio Frigerio que interceda ante el Gobierno Nacional “para que se arbitren los medios necesarios a fin de evitar la pérdida de fuentes de trabajo y garantizar la seguridad vial en nuestra Provincia”.
La decisión afecta a los aproximadamente 500 empleados de la firma Caminos del Río Uruguay, de los cuales unos 200 se desempeñan en la provincia. La empresa informó que no cuenta con los fondos necesarios para pagar las indemnizaciones correspondientes, lo que deja a los trabajadores sin vínculo laboral y sin posibilidad de asegurar su continuidad con la futura concesionaria.
“Además del impacto en la gestión vial, la finalización de las concesiones también tendrá consecuencias laborales: los trabajadores actualmente empleados por las empresas concesionarias perderán sus puestos de trabajo. Es fundamental que el gobierno provincial tome medidas para mitigar este impacto, ya sea a través de programas de reubicación laboral o de capacitación para facilitar la transición de estos trabajadores a nuevos empleos”, señala la presentación del bloque encabezado por la diputada Laura Stratta.
Eliminación de programas sociales
En otro orden, el bloque justicialista presento un Proyecto de Declaración en el que manifiesta su repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación de eliminar once programas de asistencia social y desarrollo productivo, tales como el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”; el Programa Nacional de Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales “Argentina Recicla”; el Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”; el Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER); y el Plan Nacional de Economía Social “Creer y Crear”, entre otros.
El argumento de la medida ejecutada por la ministra Sandra Pettovello es la supuesta optimización y reorganización de los recursos estatales, pero implica desentenderse de la realidad social del país.
Los legisladores peronistas señalaron que esos programas “no solo fortalecieron sectores económicos clave como la economía social y el emprendedurismo, sino que también promovieron prácticas sostenibles como el reciclado. Al hacerlo, brindaron apoyo crucial a trabajadores informales y cooperativas, quienes a menudo enfrentan desafíos significativos en el ámbito laboral”.
También remarcaron que su implementación “demostró un compromiso tangible con la creación de un entorno económico más inclusivo y equitativo. Al proporcionar recursos y oportunidades a aquellos que tradicionalmente han estado marginados, el Estado desempeñó un papel activo en la promoción del desarrollo social y económico”.
“En este contexto, es fundamental reconocer que el apoyo a las y los trabajadores no es simplemente una medida económica, sino también una inversión en el tejido social. Al sostener las herramientas estatales que fomentan el empleo y el espíritu emprendedor, contribuimos a la construcción de una sociedad más cohesionada y resiliente”, destaca el proyecto presentado por los legisladores provinciales justicialistas.
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Hermes