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Sociedad Política

El peronismo cuestionó la discrecionalidad en contrataciones directas que habilita el proyecto del Ejecutivo provincial

En la sesión especial en la que se votó la emergencia en obras y servicios públicos, diputados del PJ criticaron “la prórroga de la prórroga”, cuestionaron la discrecionalidad en negociaciones y advirtieron que “hay una desorganización en cuanto a lo administrativo, que no logra resolverse”.

21 Ene, 2026, 14:49 PM

En la 15º sesión especial del 146º período legislativo, el bloque oficialista reunió los votos para dar sanción definitiva al restablecimiento de la emergencia en obras y servicios públicos para Entre Ríos, a pesar de las fuertes observaciones del peronismo y de algunos libertarios.

 

En esa línea, el diputado Juan José Bahillo explicó que el bloque Más para Entre Ríos-Unión por la Patria no acompañó la prórroga “porque en un tercer año de gestión se normaliza una cuestión excepcional”.

 

Al respecto, recordó que “cuando el gobierno provincial asumió en diciembre de 2023 requirió el acompañamiento para la declaración de emergencia en diferentes materias, en algunas consideramos que era racional y en otras no tanto, pero, no obstante, se votaron los proyectos de leyes de las declaraciones de emergencia que impulsó el Poder Ejecutivo porque entendíamos que teníamos que darles las herramientas para iniciar la gestión, aunque no estábamos tan de acuerdo pero tampoco íbamos a ser un obstáculo”.

 

“Después vinieron las prórrogas, que algunas las acompañamos: en educación, alimentaria, vial y en obra pública. Nadie puede decir que no somos una oposición razonable que le dio al Ejecutivo las herramientas que necesita, pero una emergencia que concluirá un 31 de diciembre en un tercer año de gestión representa un 75 por ciento de gestión en emergencia”, puntualizó.

 

Al respecto, Bahillo apuntó que “se pueden entender que con los cambios de gobierno nacional y provincial se pudo generar algún tipo de controversia o situación crítica para seguir adelante con la obra pública hasta que se acomodaran algunas cuestiones. Pero nadie debe sorprenderse por esto, porque el actual presidente Javier Milei dijo claramente que no iba a financiar obra pública de ningún tipo”.

 

Para el diputado, “después de dos años, el gobierno, la gestión provincial, debería haber encontrado el mecanismo y, además, no hay una magnitud excepcional de obra pública para justificar la emergencia. Indudablemente, hay una desorganización en cuanto a lo administrativo que no logra resolverse a dos años de experiencia; se puede entender en los primeros seis meses pero a dos años ya no corresponde”.

 

Finalmente, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio “dijo el 17 de septiembre, ante la Cámara Argentina de la Construcción, que no iba a haber prórroga de la emergencia en obra pública y anunció un plan de infraestructura y, ninguna de las dos cosas, se están cumpliendo. Seguramente tenía esa intención, pero ninguna de las dos cosas se dio”.

 

 

Los argumentos no justifican la emergencia

Las modificaciones introducidas por el Senado “son correctas, ya que no se puede prorrogar algo que venció”, dijo la diputada Silvina Deccó (Más para Entre Ríos), quien precisó: “Espero que esto sirva como un ejemplo para visibilizar que la celeridad o el tratamiento exprés solo dilatan el debate y estudio de los proyectos, que permite analizar a conciencia y con claridad el significado que se quiere dar a cada Ley”. Sin embargo, la legisladora aclaró que lo que se trató en el hemiciclo “no es una cuestión de redacción, sino que hay algo mucho más profundo, ya que no se indica el fundamento para requerir una prórroga de una emergencia”.

 

Deccó, apuntó que uno de los argumentos es “el volumen extraordinario de trámites administrativos y ahí nos preguntamos si ‘un gran volumen’ habilita o no a una declaración de emergencia, que entiendo que no. Además, hay una cuestión que es meramente enunciativa, eso no es una fundamentación ni real ni efectiva”.

 

Por otro lado, la legisladora habló de los argumentos económicos: “Se refieren a una deuda de, aproximadamente, 4.000 millones de pesos correspondientes a certificados emitidos y a emitir, pero si se analiza con el Presupuesto 2026 el impacto sería mínimo, porque no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto destinado a obras, es decir, el argumento es vago y con poco criterio en cuanto a la especificidad que se requiere para este tipo de normativas”.

 

“Desde otro lugar al hablar de ‘extraordinario’ nos tenemos que centrar en esto, porque si se sigue prorrogando deja de ser algo excepcional para ser algo regular y ordinario, ya que la Ley 11.138 estableció la emergencia en diciembre de 2024 y fue prorrogada hasta diciembre de 2025, y esta norma la restablece hasta el 31 de diciembre de 2026”, dijo.

 

Además, rememoró que durante la pandemia “se ameritaba una emergencia y, en ese momento, quienes hoy son oficialismo y antes eran oposición no la acompañaron. Esa emergencia en un contexto más grave y determinante fue por solamente un año, por lo que no es un dato menor tratar este proyecto que de un gobierno de cuatro años tres esté en emergencia”.

 

Por otro lado, cuestionó el artículo cinco: “Acá no hablamos simplemente de una emergencia, sino que hablamos de seguridad jurídica”.

También, consideró que la emergencia “habilita la discrecionalidad con contrataciones directas y excepciones a procedimientos extraordinarios”.

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