En enero de 2025 la deuda del municipio de Santa Elena con Enersa ascendía a una suma mayor a los 930 millones de pesos; un crecimiento notable en la actual gestión municipal en tanto un año antes, el monto no superaba los 400 millones.
La misma constituye el 95% de la deuda que tienen todos los municipios, en conjunto, con la empresa de energía.
Incluso, el monto no contempla la actualización de los créditos y solo a valor del capital histórico implicaba, en enero de 2025, cerca del 45% del total del presupuesto anual municipal de Santa Elena.
Pese a ser un pasivo significativo para el gobierno provincial, éste no tomó medidas de acción para evitar el incremento del monto adeudado. Desde otros municipios han expresado malestar en tanto se lee como un beneficio particular de financiamiento por parte de la provincia a la gestión del intendente Daniel Rossi.
Además, la deuda no fue incluida dentro del presupuesto municipal contradiciendo las disposiciones de la Ley de Municipios (N° 10.027) y demás normas de control público y administración financiera, pudiendo constituir irregularidades y acciones ilegales de los funcionarios municipales.
Ahora bien, previamente Rossi se había negado a aceptar planes de pago o financiamiento de la deuda histórica propuestos por la empresa en distintas etapas y a fines de 2024, cuando la situación comenzaba a generar críticas en la dirigencia política, el ministro de Gobierno y Trabajo y vicepresidente de Enersa, Manuel Troncoso, visitó al intendente en Santa Elena y propuso la firma de un convenio de colaboración conjunta entre la empresa y el municipio.
Meses después, ambos organismos suscribieron un “principio de acuerdo conciliatorio, orientado a resolver reclamos pendientes y establecer un marco de cooperación interinstitucional”.
El mismo fue firmado por el presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher y el intendente Rossi, y estableció “la dación en pago de deudas del Municipio de Santa Elena a través la transferencia de un inmueble por parte de la Municipalidad, la apertura de calles, provisión de agua potable y adecuaciones en el predio en favor de Enersa, un programa de reducción y uso racional de luminarias públicas e inversión en el Parque Industrial a cargo de Enersa”.
Es decir que la multimillonaria deuda sería compensada con un terreno municipal, sin explicitar qué utilidad tendría para la empresa de energía. Tampoco hay claridad respecto de si se trata de montos económicos equivalentes.
Debido a la polémica por la escasa transparencia del acuerdo, Rossi expresó en una entrevista radial que “este convenio no se hizo en secreto ni a espaldas de nadie; no es un ‘negocio turbio’ como algunos quieren hacer creer”.
“Se trata de la cesión de un terreno de dominio privado municipal, parte de un predio mayor de 96 hectáreas que logramos gestionar y ceder a la provincia durante mi gestión 2011-2015. Este terreno está alejado de la planta urbana, no cuenta con servicios básicos, y hoy no es apto para urbanización ni para desarrollo inmediato por parte del municipio”, agregó.
Estas declaraciones generaron cuestionamientos de otros jefes comunales: “¿De cuántas hectáreas está hablando si en realidad es una fracción de un predio mayor? ¿Era un terreno cedido por la provincia que ahora Rossi devolvería? Si está alejado de la planta urbana, si no cuenta con servicios básicos y no es apto para urbanizaciones ni desarrollo inmediato, ¿qué valor de mercado tiene realmente?”.