La iniciativa, impulsada por la diputada Silvina Deccó junto a sus pares del bloque justicialista, dispone que los funcionarios deberán presentarse ante el cuerpo legislativo "de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno" para dar cuenta del estado actual de la prestación en escuelas primarias y secundarias.   Según se detalló en los fundamentos, el bloque había presentado un pedido de informes el 28 de julio, "que consta de 34 puntos que a la fecha no han sido contestados", lo que motivó el pedido de interpelación. A eso se sumaron distintas presentaciones administrativas y judiciales de terceros interesados en torno al conflicto.   La autora del proyecto advirtió que la situación implica "una modificación del sistema de funcionamiento de los comedores escolares" que podría afectar la alimentación cotidiana de niños, niñas y adolescentes, y remarcó que la calidad nutricional de los productos "no aportaría a los alumnos los nutrientes necesarios" y que además "podría afectar a su salud".   El texto también hizo referencia a la causa judicial "Varios padres en representación de sus hijos, Asociación Gremial Agmer y Fundación Cauce contra Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos por acción de amparo colectivo" (expediente N° 36.759), en la que una medida cautelar dispuso que el gobierno provincial "se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos o meriendas que contenga uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias", en los términos del artículo 12 de la ley 27.642.   Frente a ese panorama, los legisladores consideraron que la Cámara "no puede hacer caso omiso a esta situación" y que, conforme a las facultades reglamentarias previstas en los artículos 156 y 157, correspondía requerir la interpelación de quien está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección de Comedores de la Provincia.   La resolución establece en su artículo segundo un extenso temario que Berisso y Azzalini deberán responder ante el cuerpo legislativo: el estado de la prestación del servicio en los distintos niveles educativos y la modalidad de compra de alimentos; qué porcentaje de la inversión con Teknofood S.A. corresponde a productos y cuánto a la logística de distribución; cómo se garantiza actualmente el desayuno y la merienda tras la suspensión cautelar dispuesta por la Justicia; si los alimentos adquiridos se encuentran debidamente almacenados; y el estado de la causa judicial al momento de la comparecencia.   Además, deberán precisar la composición nutricional de los productos que se pretende distribuir mediante Teknofood —proteínas, fibra, calcio, hierro y micronutrientes por grupo etario, aporte de azúcares libres, sodio, grasas saturadas y calorías, y sellos de advertencia—, el menú semanal y mensual definitivo con cantidades y gramajes, la cantidad y distribución territorial del personal afectado a los comedores, y las acciones de articulación con el Consejo General de Educación (CGE), los municipios, las comunas y el Colegio de Nutricionistas de la provincia.   La fecha y hora de la comparecencia de la ministra y el director de Comedores quedará fijada, según establece el artículo tercero de la resolución, "conforme lo determine la Presidencia" de la Cámara de Diputados. Ahora Azzalini dice que van a repartir “budines sin sellos” Azzalini desafía al Poder Judicial: “La decisión es cambiar” La ministra Berisso salió a defender la contratación de Teknofood para comedores escolares de toda la provincia