Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la situación financiera. La Asamblea cita el Balance 2025, donde se consignan 37.641 millones de pesos de activo corriente frente a más de 80.220 millones de pesos de pasivo corriente.   A partir de esos datos, el documento pone en discusión el concepto de “saneamiento financiero” y advierte sobre el impacto que determinadas decisiones pueden tener sobre los afiliados. También señala que, de acuerdo con el análisis realizado por el síndico por la oposición, Pablo Giampaolo, parte del incremento de los ingresos estuvo relacionado con mayores coseguros, el fondo voluntario y los aportes.   Otro de los aspectos destacados en el documento es el incremento de determinados gastos durante 2025. Según los datos citados por la Asamblea, los gastos judiciales aumentaron un 269%, las multas un 351% y los destinados a publicidad y propaganda un 182%.   Los amparos como indicador Para la Asamblea de Afiliados, uno de los datos más significativos es el crecimiento de los gastos judiciales. El documento señala que pasaron de aproximadamente 1.308 millones de pesos en 2024 a 4.822 millones en 2025.   La organización interpreta este aumento como un indicador que excede la dimensión contable. En su análisis, detrás de cada presentación judicial existe un afiliado que recurrió a la Justicia para intentar obtener una respuesta relacionada con su atención sanitaria. Desde esa perspectiva, los amparos son considerados también una forma de medir el funcionamiento del sistema.   El reclamo por mayor transparencia El documento también plantea una discusión sobre el concepto de transparencia. El reclamo apunta a que la información financiera y administrativa pueda ser analizada de manera abierta y con herramientas suficientes para que los trabajadores y jubilados puedan formar su propia opinión.   La Asamblea cuestiona además la pérdida de representación directa de los afiliados y advierte sobre una mayor centralización de las decisiones.   Una discusión que trasciende los números La Asamblea plantea que, si la salud es entendida principalmente como un bien sujeto a criterios de mercado, existe el riesgo de que las decisiones económicas terminen desplazando las necesidades concretas de los afiliados.   También expresa preocupación por la eventual concentración de contrataciones y por el impacto que determinadas decisiones puedan tener sobre los prestadores entrerrianos.   En ese marco, la organización reclama recuperar mecanismos de control, participación y consenso, y plantea que los recursos provenientes de aportes y contribuciones deben administrarse priorizando la finalidad sanitaria para la que fueron destinados. El presidente de la OSER dijo que están "contentos con el funcionamiento de la obra social" OSER debe pagar 145.000 pesos a un afiliado por un amparo y 10 veces más por honorarios de abogados
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