El proyecto de Resolución que ingresó por mesa de entrada, lo impulsó el senador por el departamento Victoria, Víctor Sanzberro, con el acompañamiento de las senadoras Patricia Díaz y Claudia Silva (todos de Más para Entre Ríos- PJ). La resolución cita a Gallegos y al síndico Pablo Giampaolo, para que informen sobre la situación de la obra social que fue creada por Ley en junio del año pasado, tras la disolución del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), luego de la intervención del Poder Ejecutivo.
El legislador señaló que por la “función de control político que le compete al Senado y ante el contraste evidente entre las promesas de transparencia y anticorrupción que justificaron la creación de Oser y la realidad, resulta imperioso citar al directorio del organismo y recibir la exposición directa del síndico fiscalizador”.
El objetivo “es obtener explicaciones detalladas, para adoptar medidas correctivas urgentes y garantizar que la obra social provincial cumpla efectivamente con su fin solidario, con los estándares de transparencia y eficiencia que se prometieron a los entrerrianos”, remarcó Sanzberro.
Deterioro patrimonial y falencias de transparencia y control
En los fundamentos, el senador argumentó que la inquietud surgió a partir del informe que el síndico fiscalizador Pablo Giampaolo remitió a la Legislatura, ya que “el documento expone un escenario crítico en la gestión de la Oser”.
En ese marco, apuntó que “durante la intervención del Iosper (iniciada en diciembre de 2024) y el proceso de disolución y creación de Oser, se levantó insistentemente la bandera de la transparencia absoluta, el orden financiero y la lucha contra la corrupción: se denunciaron ‘nichos de corrupción’, ‘sueldos obscenos’, ‘sobreprecios en medicamentos y prótesis’, ‘deuda oculta de miles de millones’ y ‘una estructura armada para sostener privilegios’, afirmando que la nueva obra social sería ‘devuelta a los afiliados’ con ‘transparencia, control y respeto por los recursos públicos’. Sin embargo, el informe del síndico Giampaolo contrasta con esas promesas: evidencia un deterioro patrimonial brusco en el ejercicio 2024 —primer año bajo intervención—, que pasó de una ganancia de 5.851.718 de pesos en 2023 a una pérdida de 25.058.359.504, con un incremento del pasivo del 458% (de 10.191.530.011 a 56.823.883.569 de pesos) y un aumento del 174% en créditos por aportes impagos. Para enero-agosto de 2025, el ingreso neto mensual promedio es de apenas 374.975.809 pesos, insuficiente para revertir el pasivo y poner en riesgo las prestaciones de más de 300.000 afiliados entrerrianos”.
Además, señaló que “a ello se suman serias falencias de transparencia y control: inexistencia de documentación que determine el patrimonio inicial de Oser (art. 4° Ley 11202); entrega parcial de convenios vigentes (solo 33 de 94, que serían los vigentes); incumplimientos en licitaciones y compras (posible partición, orden abierta irregular en prótesis, ausencia de precios de referencia); demoras sistemáticas en las respuestas a requerimientos del síndico (promedio 42 días, hasta 130 días corridos, violando art. 35 Ley 7060 de procedimientos administrativos); resistencia institucional al control; falta de conformación del Consejo Consultivo (art. 18); incumplimiento de transparencia activa (art. 27) y observaciones directas en delegaciones (infraestructura deficiente, falta de comunicación, empleados afrontando gastos de bolsillo)”.
Ante este escenario, Sanzberro remarcó que es necesario que Gallegos exponga el informe del síndico fiscalizador.
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Hermes