Policías al límite: cuando el ajuste salarial se traduce en precariedad y depresión

La “teoría del derrame”, a la que adhiere el gobierno nacional -aunque sin nombrarla de esa manera-, postula que, al inyectar capital, reducir impuestos, impulsar el ajuste fiscal y otorgar beneficios a los grandes empresarios y sectores más ricos, se fomenta la inversión y el crecimiento económico, lo que eventualmente “derramará” beneficios (empleo, mejores salarios) hacia los sectores más bajos.

Sin embargo, hay otra forma -más silenciosa- en la que el ajuste fiscal se desplaza. No baja en línea recta ni impacta de manera uniforme. Se filtra, se traslada, se acumula.

En el artículo anterior, parafraseando esa clásica teoría, llamamos “efecto derrame” a algo muy diferente: una dinámica en la que las tensiones económicas del nivel nacional terminan desbordando sobre las provincias. Pero ese derrame no es neutro. No distribuye riqueza. Distribuye malestar y conflicto.

Primero golpea a los sectores más visibles: docentes, estatales, trabajadores formales. Después, casi sin hacer ruido, alcanza a quienes el propio Estado necesita para sostener el orden. Cuando el ajuste llega a la policía, deja de ser un problema sectorial. Empieza a convertirse en un problema político.

Lo que ocurrió en distintas provincias argentinas entre 2024 y 2025 no son episodios aislados. Son síntomas. Santa Fe, Misiones, Corrientes, Buenos Aires: en todas aparecen los mismos elementos, repetidos con variaciones locales. Salarios deteriorados, condiciones laborales precarias, ausencia de canales formales de reclamo y, como respuesta, protestas que el poder político oscila entre contener o criminalizar.

El caso de Misiones fue el más explícito: un conflicto que unificó a policías, penitenciarios y docentes, mostrando que el malestar estatal puede sincronizarse y escalar rápidamente. En Santa Fe, en cambio, el cuadro es más paradojal: una policía exigida al máximo en un contexto de violencia extrema, pero con condiciones materiales que no acompañan esa demanda. Buenos Aires mantiene un conflicto latente, nunca resuelto desde la crisis de 2020. Corrientes expresa una versión más silenciosa, pero persistente, del mismo fenómeno.

El patrón es claro: el Estado les exige cada vez más, pero les garantiza cada vez menos.

Y ahí aparece una contradicción política difícil de sostener. Mientras a nivel nacional y provincial se construyó un discurso fuerte de respaldo a las fuerzas de seguridad -el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ha definido en reiteradas oportunidades a la Policía provincial como “la mejor del país”-, en la práctica las condiciones de vida de los agentes se deterioran. La legitimación simbólica no alcanza cuando el salario no cubre la canasta básica, cuando la salud mental colapsa y cuando el propio sistema no ofrece canales institucionales para procesar el conflicto.

El gobierno le exige a la policía que cuide a una ciudadanía cada vez más demandante, más temerosa y exigente en términos de seguridad. Pero en esa ecuación hay un desequilibrio cada vez más evidente: el Estado que exige no es el mismo que cuida. Y esa asimetría no es abstracta. Se vive en el cuerpo, en el salario, en el desgaste cotidiano. Es una sensación que se acumula, que erosiona, que va carcomiendo a la fuerza desde adentro. Porque no hay vocación, disciplina ni verticalismo que resistan indefinidamente la percepción de abandono.

Porque ese es otro punto estructural: la policía no puede sindicalizarse. No tiene paritarias. No tiene herramientas formales de negociación. Entonces, cuando el malestar crece, no se expresa gradualmente: irrumpe. Y cuando irrumpe, lo hace como crisis.

En ese marco, Entre Ríos no es una excepción. Es, en todo caso, un caso representativo.

Los datos y testimonios que surgen desde adentro de la fuerza muestran una situación que combina desgaste material, saturación operativa y deterioro psicológico. Policías que ingresan mayoritariamente por necesidad económica más que por vocación. Bajos incentivos para asumir responsabilidades. Estructuras desbalanceadas, con sobrecarga en las bases y cargos jerárquicos que no logran ordenar el funcionamiento real.

Cuesta encontrar funcionarios que quieran asumir responsabilidades. Llegar a subcomisario o comisario implica una demanda de tiempo y responsabilidad que muchos prefieren evitar. Por eso, en los cursos obligatorios para ascenso, directamente no se presentan. Faltan. Se autoexcluyen. Permanecen en rangos intermedios donde pueden sostener ingresos a través de adicionales y evitar la carga de conducir una dependencia. No es falta de ambición: es cálculo racional.

El incentivo tampoco ayuda. El incremento salarial por estar a cargo de una división o una comisaría es marginal. Unos pocos pesos más -según jerarquía y antigüedad- a cambio de más horas, más presión y disponibilidad permanente. Teléfono abierto las 24 horas, los siete días de la semana. Más responsabilidad por una diferencia que, en la práctica, no compensa. La ecuación es simple: más riesgo, casi la misma plata.

En muchas comisarías, la escena es concreta: pocos efectivos para cubrir múltiples tareas simultáneas. Las licencias por enfermedad -muchas vinculadas a estrés, depresión o afecciones psiquiátricas- rondan el 20%. Los recargos de servicio multiplican la carga sobre quienes quedan. Con guardias de seis u ocho funcionarios, deben tomar denuncias, cumplir mandatos judiciales, realizar diligencias, organizar operativos, acompañar allanamientos y, además, prevenir. Todo al mismo tiempo. El resultado no es eficiencia: es saturación.

En paralelo, se sostiene una lógica de “escenificación” de la seguridad, porque en esta materia -como en tantas otras- el show debe continuar. Funcionarios a caballo en la costanera de Paraná, patrullajes en monopatín, agentes recorriendo la peatonal, móviles con luces encendidas listos para la foto. La escena está cuidadosamente montada. Lo que no aparece en cuadro es lo esencial: comisarías con dotaciones mínimas, sin capacidad real de prevención del delito. La seguridad como puesta en escena; la precariedad como fuera de campo.

A eso se suma un dato todavía más delicado: la falta de dispositivos reales de contención. Los controles internos detectan consumo problemático, pero el sistema no tiene capacidad de respuesta. La atención psicológica está colapsada. El acceso a tratamientos privados es inviable para la mayoría. El problema se diagnostica, pero no se resuelve: depresión, estrés laboral, brotes psicóticos forman parte de una cotidianeidad cada vez más extendida. En ese contexto, la apuesta oficial parece orientarse hacia la innovación: quizás ahora, con la incorporación de Ori -una inteligencia artificial para orientar en salud mental-, el sistema logre hacer lo que hoy no puede hacer con profesionales, presupuesto ni estructura. Tal vez la contención que no llega por el Estado llegue por algoritmo.

La policía cuenta con normativa propia para detectar consumo (Resolución Nº 737) y realiza controles al azar. Los resultados son tan claros como preocupantes: en cada grupo relevado aparecen casos positivos. Pero incluso ahí emerge otra paradoja: los controles no se generalizan no solo por su costo -reactivos dolarizados-, sino porque, de hacerse de manera sistemática, el sistema correría el riesgo de quedarse sin una parte significativa de su personal operativo. El problema existe y se mide, aunque esa información no siempre esté disponible públicamente.

Un proyecto de la diputada peronista Silvia del Carmen Moreno solicitó al Poder Ejecutivo provincial información sobre suicidios en la Policía de Entre Ríos entre 2023 y 2026, así como datos sobre intentos, ideación suicida y conductas autolesivas. También pidió detalles sobre programas y dispositivos de abordaje. Al cierre de esta nota esa información oficial aun no se ha brindado. La conmoción generada por la autodeterminación de una joven agente en Chajari vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de políticas integrales de acompañamiento, prevención y asistencia para quienes integran las fuerzas de seguridad, más aun en una la provincia registra una de las tasas de suicidio más elevadas del país, con aproximadamente 19,8 muertes cada 100.000 habitantes en 2024, casi el doble de la media nacional.

Todo esto ocurre, además, en un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo. Meses sin actualización salarial, ingresos que no acompañan la inflación, agentes que viven en condiciones de precariedad similares a las de los sectores que el propio Estado define como vulnerables.

Investigaciones recientes muestran incluso el crecimiento del pluriempleo armado: policías que trabajan como choferes de aplicaciones para complementar ingresos. La escena es tan elocuente como preocupante: agentes armados, agotados, extendiendo su jornada laboral para poder llegar a fin de mes. La pregunta ya no es solo económica. Es operativa y, sobre todo, institucional.

Y ahí aparece el núcleo del problema.

No hay política de seguridad viable con policías empobrecidos. No hay orden sostenible cuando quienes deben garantizarlo están desbordados. No hay discurso de autoridad que compense una base material quebrada.

El “efecto derrame”, en este punto, completa su recorrido. Lo que empezó como un ajuste fiscal termina transformándose en un riesgo de gobernabilidad. Porque cuando el malestar alcanza a las fuerzas de seguridad, el Estado empieza a tensionarse desde adentro.

Entre Ríos todavía está a tiempo de leer ese proceso. No como una alarma exagerada, sino como una advertencia concreta. Los conflictos policiales en otras provincias no son una anomalía. Son un anticipo.

La pregunta, entonces, no es si el problema existe. La pregunta es cuánto más puede acumularse antes de hacerse visible.

Y, sobre todo, qué costo político tiene mirar para otro lado.