Desde su prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador Edgardo Kueider habló sobre su detención, las causas judiciales que lo involucran y su percepción de una supuesta persecución política y mediática. Apuntó contra el Juzgado Federal de San Isidro que conduce la jueza Sandra Arroyo Salgado, negó vínculos con empresarios investigados en la causa Securitas y se mostró arrepentido por el episodio que derivó en su arresto. Aislado de la política y con escasas visitas, aseguró que su caso “ya fue juzgado por la sociedad”.
Kueider repasó su situación actual, donde admitió que se encuentra bajo prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, desde hace casi cinco meses. Describe su día a día como limitado a ver televisión y revisar material relacionado con las causas judiciales en Argentina.
Explicó que su permanencia en prisión domiciliaria en Paraguay se debe a una cuestión de arraigo por ser extranjero, ya que voluntariamente se presentó a declarar y no estuvo detenido inicialmente. Lamentó tener que quedarse en Paraguay, ya que desea volver a Argentina para estar con sus hijos y familiares.
“Quiero volver a ver a mis hijos, no me estoy fugando de nada”, dijo el ex senador acusado por delitos de corrupción, quien admitió: “Si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”.
La versión del senador
Respecto del incidente en Paraguay mencionó brevemente que el dinero encontrado procedía de Paraguay, de “otras operaciones que no son mías”.
Calificó la causa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado en su contra como “un chiste” comparado con la causa de Paraguay. Afirma que la justicia de San Isidro lo vincula a un asunto con el que no tiene “absolutamente nada que ver” y denuncia la invención de una “asociación ilícita agarrada totalmente de los pelos”. Considera que el lavado de activos se basa en datos “irrisorios” e “incomprensibles” y advierte que sufre un “daño irreparable” causado por el accionar de la justicia de San Isidro, que ha sido “muy potenciada”.
Piensa que hay que evaluar el accionar de la justicia en su caso y que está investigando y guardando documentación al respecto. En ese marco, se considera un “chivo expiatorio” y que hay “otras cosas que tienen que ver” con intereses desconocidos y reitera que todo lo actuado es un “abuso total de autoridad” por parte de la justicia.
Kueider identifica la causa Securitas como el supuesto “delito precedente” del lavado de activos, específicamente vinculado a departamentos en Paraná y señala que su conexión con este precedente es “casi un chiste, le diría un chiste de muy mal gusto”.
Explicó que pidió que la causa de enriquecimiento ilícito iniciada en Concordia fuera derivada a Arroyo Salgado por dos motivos: porque se mencionaba a su hijo menor de edad en los medios, y por la cuestión de competencia. Argumenta que a partir de una publicación periodística se iniciaron dos investigaciones por el mismo hecho, en dos jurisdicciones distintas (Entre Ríos y San Isidro), lo cual considera “inconstitucional” y “doble persecución política”.
Respecto de la relación con los hermanos Tortul y la causa Securitas, Kueider señaló que los haya conocido y dice que nunca habló con ellos. Rechaza ser la persona apodada “Turco Cuider” mencionada en mensajes entre los Tórtul, señalando errores de ortografía en el nombre y que no estaba en Concordia el día en cuestión. Afirma que los investigadores podrían verificar fácilmente los llamados o mensajes para desmentir esta vinculación.
También explicó cómo fue la compra de departamentos en el edificio Live. Declaró que los departamentos y cocheras se compraron a través de la empresa Betail, que es una firma que inició con su primo para un proyecto vinculado a pollos; que tomaron un préstamo para la inversión inicial, pero la pandemia detuvo el proyecto. Ante la imposibilidad de invertir en el proyecto original y para resguardar el dinero del préstamo que generaba intereses, surgió la oportunidad de invertir en los departamentos para mantener el valor de los fondos. Indicó que el precio pagado por los departamentos está documentado en los boletos de compraventa y en la causa judicial e identificó a los vendedores como “los chicos de Dujovne Pérez”.
Al ser consultado por otras empresas, admitió tener una empresa con su hijo llamada Decom SA, dedicada a marketing, comunicación y desarrollo de software, que “funcionaba muy bastante bien” hasta que se vio afectada por su situación judicial. Desmintió que Decom sea una “empresa fantasma”, afirmando que tiene facturación comprobable y que sus trabajos se han hecho para particulares, no para el Estado, salvo una campaña para el Partido Justicialista.
En relación con Enersa, aclaró, basándose en un informe oficial, que nunca fue empleado, funcionario, director, ni síndico de la empresa. Su único rol documentado fue haber firmado las actas de asambleas anuales. Afirmó que nunca asistió a ninguna asamblea y que las actas le eran llevadas a su despacho para firmar. Y negó haber tenido injerencia o vinculación administrativa con Enersa.
Como secretario General de la Gobernación, también negó haberse enterado de coimas o irregularidades relacionadas con contratos de Enersa, incluyendo el de Securitas, del cual se enteró por la prensa.
Después explicó su relación con José Gervasio Laporte, quien era el secretario Legal y Técnico y revisaba todos los decretos del gobernador Gustavo Bordet. Indicó que lo sorprendió leer en el informe de los fiscales la alegación de que Laporte recibía dinero de los Tórtul, ya que “siempre se jactaba” de garantizar que el Estado no tendría problemas judiciales por su estricto control legal. Si bien aclaró que no puede afirmar su responsabilidad, admitió que le sorprendió.
Fuente: Análisis digital
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Hermes