

La creación de la OSER, sancionada de manera definitiva por la Cámara de Diputados provincial el pasado 6 de junio y promulgada por el Ejecutivo tres días después, marca un antes y un después en la administración de la salud de los empleados públicos entrerrianos. La nueva ley disuelve al IOSPER y establece una estructura de conducción diferente: un directorio encabezado por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, acompañados por dos vocales propuestos por los gremios docentes y estatales. A este esquema se suma la figura de dos síndicos fiscalizadores, uno de ellos a propuesta de la oposición, encargados del control de las cuentas y la gestión del organismo.
Es en uno de estos puestos de control donde UPCN, uno de los sindicatos con mayor peso específico en la provincia, busca ubicar a una figura de su confianza. Y Flavia Maidana, de estrechos y públicos lazos con el gremio que conduce Allende, emerge como la candidata natural.
Flavia Gisela Maidana, médica de profesión, forjó su carrera política desde su Nogoyá natal. Su paso por el Senado provincial en representación de su departamento la ubicó en la escena política entrerriana. Durante su gestión, impulsó proyectos de ley de alto impacto social, como la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad para los empleados estatales, una iniciativa que contó con el explícito y enfático respaldo de UPCN.
Su vínculo con el sindicato no es nuevo ni discreto. Maidana ha participado activamente en eventos y actos organizados por UPCN, y su nombre fue impulsado por la organización gremial como precandidata a diputada nacional. Esta cercanía la posiciona como una figura leal a los intereses del gremio, una cualidad indispensable para un cargo de fiscalización en una obra social que manejará un presupuesto millonario.
Desde UPCN ven en Maidana no solo a una dirigente con experiencia legislativa y conocimiento del entramado estatal, sino también a una profesional de la salud, una doble condición que la calificaría para la tarea de síndico en la OSER. Su designación garantizaría al gremio una voz y una mirada propia en la auditoría de los números y decisiones de la nueva obra social.
Sin embargo, la presión de UPCN para posicionar a su candidata se topa con un escollo significativo: la delicada situación judicial de su secretario general, José Ángel Allende. El histórico dirigente sindical y ex diputado provincial enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito, una causa que también involucra a su círculo familiar más cercano.
Esta situación arroja una sombra de duda y genera objeciones en diversos sectores políticos y de la opinión pública. La posibilidad de que una figura impulsada por un líder sindical procesado por delitos contra la administración pública ocupe un cargo de control en la nueva obra social es, para muchos, una contradicción insalvable. Los críticos señalan el riesgo de que los mecanismos de fiscalización de la OSER queden en manos de un sector cuyo máximo referente está judicialmente cuestionado por su manejo de los fondos públicos.
La transición de IOSPER a OSER no ha sido un camino de rosas. La reforma fue resistida por una intersindical que denunció un intento del gobierno provincial de tomar el control de la obra social y sus recursos. El oficialismo, por su parte, defendió la nueva ley como una herramienta necesaria para dotar de mayor eficiencia y transparencia a un sistema que presentaba serias falencias.
La nueva OSER dependerá del Ministerio de Salud y, según la ley, deberá cumplir con estrictas políticas de transparencia activa, publicando autoridades, sueldos y contrataciones en un sitio web oficial. La designación de los síndicos es, en este contexto, un punto crucial para garantizar que esos controles no sean meramente formales. El tablero de la nueva obra social provincial está en pleno movimiento. Mientras el gobierno de Rogelio Frigerio designa a las autoridades del directorio, los gremios mueven sus piezas para no perder influencia.
La postulación de Flavia Maidana para el cargo de síndico se inscribe en esta lógica de poder. Su destino dependerá de la capacidad de UPCN para imponer su criterio, pero también de cómo jueguen las objeciones que genera la situación judicial de José Ángel Allende, una mancha que amenaza con opacar cualquier designación que lleve su sello. La pulseada por el control y la fiscalización de la salud de los estatales entrerrianos ha comenzado.
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