Algo parece haber cambiado en el clima político entrerriano. Pocas veces, en lo que va de esta gestión provincial, se había visto a la Liga de Intendentes Justicialistas exponer una posición tan articulada y con un tono tan poco dispuesto a las concesiones que suele exigir la gobernabilidad cotidiana.

No es un detalle menor que esto ocurra en el momento en que Entre Ríos empieza a mirar hacia 2027: cuando el tablero de sucesores empieza a definirse, las posiciones que cada dirigente fija en los temas de fondo dejan de ser solamente gestión y empiezan a ser, también, tomas de posición frente a sectores afectados que se quiere representar.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, en su rol de presidente de la Liga, fue el primero en marcar el terreno: los municipios no generaron el déficit de la Caja de Jubilaciones, no tienen regímenes especiales, no decidieron la incorporación de empresas privatizadas a la Caja, y sin embargo son convocados a poner más, vía un incremento de los aportes patronales al tres por ciento, en un momento de caída sostenida de la recaudación. Es un argumento de pura lógica contable que el oficialismo no ha logrado refutar: no se puede pedir que pague más quien no fue causante del problema.

A esa observación, Fuertes sumó una advertencia institucional de fondo, la de la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, que no es un detalle técnico sino una cuestión de diseño republicano —dicho sea de paso, una pretendida bandera histórica del PRO—. La experiencia, recordó, indica que ese tipo de concesiones termina generando litigiosidad, con resultados conocidos: se gasta más en honorarios profesionales tratando de deshacer el entuerto que en resolver el problema original.

Y conviene anotar, aunque sea al margen de la exposición de los intendentes, cómo viene respondiendo el oficialismo a cada uno de estos argumentos, porque el patrón es tan reiterado que ya merece ser identificado como tal. De hecho, recientemente se conoció el “libreto” elaborado por el oficialismo para que los legisladores reproduzcan.

Los senadores Dal Molin y Vergara, voceros habituales del oficialismo en la discusión de la reforma, salieron una vez más al cruce con el mismo recurso de siempre: en lugar de responder al argumento específico que se les planteaba —por qué se sube el aporte patronal a quien no generó el déficit, o por qué se delegan facultades extraordinarias—, apelaron a desacreditar a quien lo formulaba, recordando que el peronismo gobernó la provincia durante dos décadas y no resolvió el problema en ese tiempo. Es un último recurso, retórico, que busca una eficacia política inmediata, porque apela a una memoria colectiva real, pero que está lejos de ser una refutación: que en el pasado no se haya resuelto un problema no invalida el argumento que se presenta en el presente, y la insistencia en esa estrategia, antes que en una respuesta técnica punto por punto, dice bastante sobre la solidez y capacidad de sus voceros.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, por su parte, eligió el terreno del federalismo fiscal: los municipios argentinos vienen padeciendo, desde hace años, una merma sostenida en los recursos de coparticipación, agravada en los últimos tres ejercicios. “No nos sigan sacando plata a los municipios”, manifestó. Gobernar, bien administrados, sin déficit y sin generar deuda, debería ser un mérito reconocido, no una condición que habilite a que se sigan recortando recursos municipales para tapar un agujero fiscal que tiene otro origen.

Además argumentó que el déficit de la Caja no es un capricho de gestión sino un fenómeno que responde a variables estructurales —la edad jubilatoria, la mayor sobrevida de la población— que ningún gobierno provincial, por sí solo, puede resolver por decreto. Y cerró con una advertencia: los sistemas previsionales no se corrigen agrediendo a quienes ya adquirieron derechos, sino con consensos, con estudios actuariales, con una mirada que distinga entre quien recién ingresa a la administración pública, quien está en la mitad de su carrera y quien está a punto de jubilarse.

Hay un tercer argumento, menos difundido todavía y que merece un lugar central en este análisis, porque ataca el núcleo mismo de la estrategia comunicacional del oficialismo. La intendenta de Paraná planteó, en su intervención del martes, que la dicotomía que el gobierno intenta instalar entre sector público y sector privado es falsa, y que la consecuencia de sembrarla es una innecesaria fractura social hacia el interior de la sociedad entrerriana.

No es una idea aislada: el secretario general de AGMER, Abel Antivero, viene sosteniendo exactamente el mismo diagnóstico desde que arrancó el conflicto, al señalar que el gobierno busca instalar una dicotomía falsa entre lo privado y lo público, como si el empleo estatal fuera un privilegio que el sector privado debe financiar, cuando esa lectura, advirtió, cae por su propio peso apenas se la examina con un poco de rigor.

Esta búsqueda de polarizar, ya no en términos políticos sino en términos sociales, el oficialismo la ha afirmado con una literalidad que no deja margen para la duda, y no una sola vez. Frente a un escenario de tensión por contratos no renovados en la administración pública provincial, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello —mano derecha de Frigerio y una de las voces de mayor peso dentro del Ejecutivo, y a quien no se le conoce trabajo por fuera del sector público— sostuvo, sin matices, que es el sector privado el que soporta sobre sus hombros el costo del Estado, porque son quienes se levantan temprano, generan trabajo y asumen riesgos.

No fue un exabrupto aislado: meses antes, en el marco de la discusión por las paritarias docentes, el mismo Colello había pedido a los docentes “empatía con el sector productivo que banca a la administración pública”, una formulación que repite exactamente la misma estructura de pensamiento y que confirma que no se trata de una frase desafortunada sino de una línea discursiva sostenida, pensada para instalar la idea de que el empleado público es, en algún sentido, un costo que el sector privado financia. Habría que preguntarles a los policías, maestros y enfermeros qué opinan de esa idea.

Ninguna de las dos frases necesita demasiada glosa: presuponen que el empleo público no genera trabajo, no asume riesgos y no se levanta temprano, una caracterización que cualquiera que conozca el funcionamiento cotidiano de un hospital, una escuela o un municipio del interior entrerriano reconocerá como, en el mejor de los casos, una simplificación injusta, cuando no un desprecio poco disimulado.

El relato oficial necesita que la sociedad entrerriana se piense dividida en dos bandos —los que cobran del Estado y los que no— para poder presentar el ajuste sobre la Caja como una cuestión de justicia distributiva entre vecinos. Pero ese relato, deliberadamente engañoso, ignora un mecanismo económico elemental que cualquier comerciante del interior entrerriano puede explicar mejor que cualquier funcionario: gran parte del consumo en las ciudades y pueblos de la provincia depende, en proporciones que varían según la localidad pero que en muchos casos son determinantes, del poder de compra de empleados públicos activos y de jubilados.

Lo que se vio el martes en el Senado, entonces, no fue solamente una nueva escena del debate por la reforma previsional. Y esa posición institucional, vale la aclaración, no corre en soledad: converge, sin coordinación expresa por ahora, con el reclamo que viene sosteniendo en la calle la Multisectorial que agrupa a ATE, AGMER, AJER, APLER y la Federación de Jubilados, que desde fines de mayo sostiene un plan de lucha con acampes, cortes y la presentación de más de veinticinco mil firmas en el Senado, y que denuncia exactamente los mismos dos vicios de origen: una reforma escrita a espaldas del debate público y una concentración de facultades en el Ejecutivo que rompe el equilibrio institucional.

Hay, sin embargo, una lectura adicional que conviene no dejar pasar, y que probablemente sea la más relevante de todas a mediano plazo. Romero y Fuertes no son dos intendentes cualesquiera: son, junto a otros dirigentes, referencias dentro de un PJ entrerriano que todavía no definió quién encabezará la disputa por la gobernación en 2027. Que ambos hayan elegido este escenario —una audiencia de comisión, con memoria institucional y argumentos de peso, en un tema que toca a millones de entrerrianos en su bolsillo— para fijar posición con esa claridad, no puede leerse en el vacío de la coyuntura previsional exclusivamente.

Es, también, la cristalización de una posición peronista que, lejos de la retórica oficial que la presenta como bloqueo sistemático, se mostró propositiva pero firme en sus líneas rojas: no a la transferencia del costo fiscal hacia los municipios, no a la delegación de facultades extraordinarias que bordea la inconstitucionalidad, no a la falsa grieta entre empleados públicos y privados que el oficialismo necesita para diluir su propia responsabilidad en el diseño de la reforma. En suma, puede ser leído como un límite: hasta aquí llegamos. El primer capítulo visible de una disputa que recién empieza: la de quién capitaliza el descontento desde la oposición para exhibirlo cuando llegue la ocasión.

Entonces, ¿la reforma previsional puede terminar siendo, en ese sentido, menos el final de una discusión fiscal que un punto de inflexión donde empezó a tomar forma un nuevo clima político en Entre Ríos?

Nahuel Baridon, politólogo y consultor.