El gremio se reunió este lunes con el Directorio de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA), la sindicatura concursal y referentes del Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), para debatir respecto al fin de la concesión de CRUSA en esas rutas el próximo 8 de abril, y dejará en la calle a 500 empleados. Tras el encuentro, el secretario general de SUTRACOVI, Leandro Bond, brindó detalles de lo expuesto y subrayó: "Exigimos al Estado Nacional que asuma su responsabilidad y actúe con la voluntad política que esta emergencia reclama".
En el marco de la situación crítica que enfrentan por la finalización de la concesión de CRUSA el próximo 8 de abril de 2025, y tras la audiencia convocada por la jueza a cargo del proceso concursal, “consideramos fundamental informarles los detalles de lo acontecido y reafirmar nuestra posición como sindicato”, publicó Bond.
En primer lugar, “CRUSA confirmó que el fin de la concesión la llevará a una quiebra irreversible, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro laboral de todos los trabajadores», mientras que la DNV afirmó que una vez finalizada la concesión los servicios viales continuarán sin cobro de peaje, "pero advirtió que no está facultada para absorber al personal de CRUSA ni garantizar la continuidad laboral, ya que la licitación vigente no contempla ningún mecanismo al respecto".
Frente a esto, desde Sutracovi “alzamos la voz con absoluta claridad y remarcamos que, de mantenerse el curso actual, los únicos perjudicados serán 500 trabajadores y sus familias, quienes no sólo perderán sus empleos sino que, también, quedarán privados del derecho a cobrar las indemnizaciones correspondientes”.
En ese sentido, sostuvo el Secretario General, «esta situación es inadmisible, pues los trabajadores no han tenido responsabilidad alguna en las decisiones contractuales, ni en las contingencias entre el Estado y CRUSA".
Sin embargo, "hay un camino claro para evitar este desenlace: el Estado Nacional cuenta con las facultades legales y los precedentes necesarios para ordenar una prórroga transitoria de la concesión actual, tal como se ha hecho en otros casos, y diseñar una ingeniería contractual que permita el traspaso del personal al nuevo concesionario".
Esta solución, reparó, “no solo es viable sino también razonable y evitaría el colapso social que afectaría a cientos de hogares”. No obstante, “lamentablemente hasta ahora, el Ministerio de Transporte y la DNV han optado por la inacción”.
Por tanto, “Desde Sutracovi responsabilizamos de manera directa e inequívoca a los representantes del Estado Nacional si persisten en esta postura. No existen excusas válidas: la ley habilita herramientas concretas para proteger a los trabajadores, y su omisión constituye una decisión política que prioriza otros intereses por encima de los derechos laborales», insistió Bond.
Fuente: Diario Junio
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Hermes