La licitación llega después de meses de controversias: el Municipio primero declaró la emergencia ambiental y luego adjudicó de manera directa parte del servicio a VITSA, decisión que fue cuestionada políticamente, denunciada ante la Justicia y también llevada al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Ahora, ese esquema transitorio busca transformarse en una contratación de largo plazo mediante un proceso licitatorio que, para la oposición, lejos de despejar las dudas, termina alimentándolas.
Según sostiene la concejal Carolina Amiano –presidenta del bloque justicialista–, se trata de uno de los contratos más importantes que licitará la actual gestión municipal. El presupuesto oficial asciende a 16.320 millones de pesos para un período inicial de cuatro años, aunque el propio pliego habilita a una prórroga por otro período similar. En la práctica, la empresa adjudicataria podría permanecer hasta ocho años al frente de un servicio esencial para la ciudad.
Tras revisar el pliego de la Licitación Pública Nº 47/2026, la edil sostiene que "no afirmamos que exista una maniobra ilegal ni anticipamos responsabilidades que deberá determinar la Justicia. Lo que advertimos es que, cuando se analiza el pliego en su conjunto, aparecen condiciones que favorecen objetivamente a quien ya viene prestando el servicio", sostuvo.
"¿Estamos frente a una licitación verdaderamente abierta o ante un procedimiento preparado para que gane la empresa que ya fue beneficiada con la contratación directa?", expresó.