De acuerdo al análisis estadístico de los datos oficiales, este mes hubo menos intervenciones de la Policía Científica -que actúa en casos de fallecimientos o lesionados graves- que en enero de años anteriores, pero la cifra de fallecidos es superior debido a tres choques que tuvieron víctimas múltiples.
El Director General de Policía Científica, Ricardo Galliusi, y su par de Seguridad Vial de Entre Ríos, Diego Passarello, consideraron que la cifra “es alarmante”.
Emergencia vial
Hace días, la revista Noticias publicó un informe técnico elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) que advierte sobre “un proceso de desmantelamiento sostenido de la infraestructura vial del país” y detalla sus efectos directos sobre la seguridad, la actividad productiva y la vida cotidiana de la población.
A partir de datos y fundamentos técnicos, el documento describe “el abandono del mantenimiento de las rutas, la subejecución de partidas presupuestarias y el vaciamiento de Vialidad Nacional” a la vez que vincula estas políticas con el “incremento de los siniestros viales, el encarecimiento de los costos logísticos y el deterioro del entramado productivo”.
Las consecuencias, advierte el documento, ya son visibles. La siniestralidad vial aumentó un 14% entre 2022 y 2023, con 4.369 muertes oficiales y estimaciones de la asociación Luchemos por la Vida que superan las 6.200 víctimas fatales en 2023. Rutas críticas como la RN 33, 151, 34, 1V66, 121, 119, 120, A015, 136, 1V11, la Autovía RN 5 y la RN 7 presentan un estado de abandono generalizado, con baches, congestión y riesgos crecientes que elevan los costos operativos y reducen las velocidades medias a apenas 60 km/h.
Según, la FEPEVINA, el problema “no responde a una falta de recursos, sino a una definición ideológica”. En ese marco, plantea “la necesidad urgente de declarar la emergencia vial con el objetivo de priorizar la protección de la vida, el trabajo y el desarrollo del país”.