La convocatoria a sesión especial —primera del 147° período legislativo— estuvo precedida por una jornada de gestiones políticas que no llegaron a buen puerto. En la tarde del martes, el gobierno buscó el apoyo de los senadores justicialistas, pero las modificaciones propuestas por el bloque opositor no fueron aceptadas por el oficialismo, que optó por avanzar con el texto tal como había llegado desde Diputados.
El presidente del bloque del Frente Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín (UCR), tomó la palabra para defender el espíritu del proyecto como las formas del tratamiento. Sobre lo procedimental, reconoció que el trámite sin paso por comisión no es la regla, pero lo enmarcó dentro de una práctica que, según dijo, tiene antecedentes en gestiones anteriores de las que él mismo participó.
En cuanto al fondo de la cuestión, Dal Molín sostuvo que la norma viene a llenar un hueco normativo histórico. "Pese a que la provincia cuenta con algunos antecedentes normativos de muchos años, en verdad existe un vacío jurídico que limita claramente la capacidad del Estado provincial para impulsar proyectos y servicios esenciales que determinen o convengan la participación del sector privado", afirmó.
Desde el peronismo, el presidente de la Comisión de Obra Pública, Juan Conti (Tala, PJ), subrayó que la oposición no rechaza en sí la participación privada en obras públicas: "Nadie está en contra de que se hagan obras, por el contrario. Pero queremos —el bloque nuestro en su mayoría— una ley que proteja al usuario, una ley que no comprometa las cuentas de nuestra provincia a futuro y una ley que no deje grandes responsabilidades al Estado". El senador peronista subrayó que “quede claro que también queremos reglas claras, control real y justicia para el trabajador, el docente, el trabajador que diariamente se va a trasladar".
El senador Víctor Sanzberro (PJ, Victoria) fue el más enfático en detallar las objeciones técnicas del bloque opositor. Para él, el nudo del conflicto es claro: "Estamos tratando de habilitar el cobro de peajes en rutas existentes, incluso por la tarea de mera conservación o reparación".
Al respecto, explicó que la propuesta peronista era incorporar al texto legal una restricción expresa: que "solo se podrá percibir peaje respecto de concesiones viales sobre rutas provinciales nuevas o sobre rutas existentes cuando la concesión implique obras de ampliación, duplicación o mejora sustancial que incremente significativamente la capacidad o la seguridad de la vía". También contemplaba que el cobro del peaje "solo pueda iniciarse una vez que el concesionario haya ejecutado y certificado un porcentaje significativo de la obra comprometida".
El legislador peronista rechazó con dureza la posibilidad de cobrar peaje por tareas de mantenimiento básico: "Si no vamos a concesionar, el concesionario te tapa dos pozos, hace una línea y te cobra peaje. Eso dice este proyecto y eso es lo que nosotros queremos corregir".
Además, cuestionó la superposición de tributos que recaería sobre los conductores: "No puedo estar pagando impuesto a los combustibles si voy por la ruta nacional, o impuesto automotor si voy por la ruta provincial, y después me fajan el peaje". Y aclaró que la postura del bloque no es de oposición ideológica a la inversión privada: "No estamos en contra de ninguna inversión privada, al contrario. Pero pretendemos que este proyecto garantice cosas".
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Hermes