Suspendieron las audiencias por los crímenes de Gusmán y Goyeneche en manos de policías

Las audiencias se fijaron para este jueves a las 9 y a las 11. En la primera se abordarían cuestiones procesales y la posibilidad de una salida alternativa al juicio por el asesinato de Gabriel Gusmán, ocurrido en 2018 en barrio Capibá. En la segunda, se iba a tratar quién correrá con parte de los costos de la nueva autopsia que realizarán peritos forenses de la CSJN al cadáver de Ariel Goyeneche, asesinado el 12 de febrero de 2024. Se supo que lo hará el Poder Ejecutivo. Absorberá el 60 por ciento.

 

Este jueves 3 se iban a realizar las audiencias para avanzar en el juzgamiento de los policías Oscar Molina y Diego Ibalo, imputados por el crimen de Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en barrio Capibá de Paraná. El chico tenía 20 años. Recibió un disparo de arma reglamentaria en la nuca; y de Lisandro Romero, David Vázquez y Alan Vázquez, imputados por el crimen de Ariel Goyeneche, ocurrido el lunes 12 de febrero de 2024. Goyeneche tenía 36 años cuando murió en un procedimiento de reducción de personas.

 

Si bien no se informaron oficialmente los motivos de la suspensión de ambas audiencias, habida cuenta de la gravedad de ambos crímenes en los que se investigan presuntos hechos de violencia institucional perpetrados por efectivos de la Policía de Entre Ríos, se pudo determinar que ambas audiencias fueron programadas “inútilmente”. Ambos debates se realizarán, por la pena en expectativa que es de prisión perpetua, ante jurados populares.

 

Crimen en Capibá

El viernes 15 de noviembre, la jueza de Garantías, Elisa Zilli, remitió a juicio oral y público ante un jurado popular la causa que investiga a Molina e Ibalo por el crimen de Gusmán. Los dos policías están acusados de balear por la espalda a Guzmán, que tenía 20 años, en un presunto enfrentamiento ocurrido en barrio Capibá, en el sureste de Paraná, el 25 de septiembre de 2018. La acusación la impulsa una querella autónoma porque Fiscalía desistió de investigar por falta de evidencias.

 

Fuentes judiciales consultadas deslizaron que la audiencia “preliminar” programada por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) lo fue por cuestiones “formales” en las que se iban a abordar cuestiones procesales y la posibilidad de una salida alternativa al debate oral y público. En este sentido, se precisó que las gestiones que se realizaron para evitar el debate naufragaron ante la imposibilidad, por la naturaleza del hecho que se investiga, de acordar aquella salida. También se señaló que la audiencia no se volverá a realizar y las partes volverán a encontrarse en la audiencia de selección de los ciudadanos que integrarán el jurado popular.

 

Nueva autopsia

El miércoles 19 de marzo, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, dejó sin efecto la audiencia que se realizó por pedido del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en la que se iba a discutir la reticencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia a correr con el 60 por ciento del costo de la nueva pericia autópsica al cuerpo de Ariel Goyeneche, que dispuso el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón.

 

En aquella audiencia, el fiscal de Estado informó que iba a consultar al Ejecutivo la posibilidad de pagar la parte del STJ por la nueva autopsia que realizarán peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Previo a la audiencia del 19 de marzo, el lunes 11 de noviembre de 2024, las defensas de los policías lograron que se autorizara la intervención de los peritos de la Corte y Garzón, dispuso que el 30 por ciento de los costos que demandará la realización de la nueva pericia sean asumidos por los tres policías imputados, correspondiéndole un diez por ciento a cada uno; que un diez por ciento sea a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el restante 60 por ciento a cargo del STJ, quien pidió al fiscal de Estado que cuestionara que la erogación corriera por cuenta del Alto Cuerpo de Justicia entrerriano.

 

Fuentes judiciales consultadas precisaron que la audiencia de este jueves quedó sin efecto porque Rodríguez Signes contestó por escrito que el Poder Ejecutivo se hará cargo del 60 por ciento de los 2.620.000 pesos que se había cargado al presupuesto del STJ.