Frigerio y la banalidad del mal

Hay citas que iluminan y otras que desnudan contradicciones. La invocación de Hannah Arendt durante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra militantes del Partido Comunista en Concepción del Uruguay pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal, presidido por Noemí Marta Berros e integrado por José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero, no solo condenó a los responsables de secuestros, torturas y privaciones ilegales de la libertad perpetrados entre 1977 y 1978. También dejó al descubierto algo más profundo: el deterioro de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en Entre Ríos.

Lo sucedido durante este proceso no puede leerse como una sucesión de hechos aislados. Primero fueron los despidos y el desplazamiento de cuadros técnicos especializados; luego, el debilitamiento del Registro Único de la Verdad; más tarde, las ausencias en las audiencias; y finalmente, un severo llamado de atención del propio Tribunal a la intervención realizada por el organismo provincial en calidad de amicus curiae. Hay una secuencia y, por lo tanto, una responsabilidad política.

Lo más inquietante fue la apelación a Hannah Arendt. Porque, sencillamente, no se comprende cuál fue el propósito de esa argumentación. ¿Se pretendió poner en discusión la condición de víctimas de los militantes del Partido Comunista? ¿Se buscó relativizar la persecución política que sufrieron? ¿O se intentó explicar la conducta de los perpetradores mediante categorías teóricas que, en definitiva, terminaban diluyendo sus responsabilidades? Ninguna de esas hipótesis resulta aceptable y, peor aún, ninguna aparece claramente desarrollada.

La verdadera paradoja es que Arendt nunca escribió para justificar a los victimarios ni para trasladar el centro del debate hacia las víctimas. Mucho menos para introducir zonas grises allí donde el derecho internacional, la jurisprudencia argentina y la propia sentencia fueron categóricos. Su reflexión sobre la banalidad del mal fue una advertencia sobre el peligro de las burocracias vaciadas de pensamiento, de las instituciones que pierden de vista su misión y de los funcionarios que terminan administrando estructuras cuyo sentido profundo han dejado de comprender.

La ironía es tan evidente como preocupante. Mientras se invoca a Arendt, se reproduce exactamente aquello contra lo que ella advertía. Un organismo creado para preservar la memoria termina siendo observado por el propio Tribunal que juzga los crímenes del terrorismo de Estado. Un Estado que durante décadas sostuvo una política activa de acompañamiento a estos procesos aparece hoy debilitado, errático y desprovisto de los equipos técnicos que supieron darle prestigio y continuidad.

No se trata de una discusión personal ni de una controversia meramente académica. Se trata del lugar que el gobierno de Rogelio Frigerio ha decidido otorgarle a las políticas de memoria. Entre Ríos supo construir una presencia institucional sólida en los juicios de lesa humanidad, sostenida por profesionales especializados y comprometidos con la búsqueda de verdad y justicia. Hoy ese andamiaje se encuentra debilitado y las consecuencias ya no son una advertencia: son visibles.

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la discusión no debería girar en torno a las ideas políticas de las víctimas ni a elaboraciones teóricas inconducentes. La discusión debería ser cómo fortalecer las instituciones destinadas a garantizar que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

Porque la memoria no desaparece de un día para otro. Se erosiona lentamente. Primero se despiden equipos, luego se vacían organismos, después aparecen las ausencias y, finalmente, es la propia Justicia la que debe recordar cuál es el lugar que el Estado está obligado a ocupar.

Quizás esa sea la verdadera enseñanza de Hannah Arendt para nuestro tiempo. El peligro no reside únicamente en los grandes horrores del pasado, sino en la indiferencia burocrática del presente. Y cuando el Estado se retira de la memoria, lejos de tratarse de una decisión administrativa, estamos frente a una decisión profundamente política.

Marcelo Boeykens, abogado. Ex coordinador del Registro Único de la Verdad de la provincia de Entre Ríos.