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El diputado Beltrán Benedit reivindicó su visita a condenados por delitos de lesa humanidad

En la reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el legislador nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza (LLA), defendió a la última dictadura militar y justificó la visita a la cárcel a Astiz y a otros represores en 2024.

Beltrán Benedit, diputado nacional por Entre Ríos (LLA - JxER).

Benedit pidió la palabra y desmintió haber visitado genocidas: "Se ha instalado en el país la palabra genocidio en un país en el que, hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano procesado, y menos condenado, por genocidio".

 

En contrapartida, ratificó su postura, en línea con la postura de los autores del Golpe de Estado de 1976: "Hubo un plan de las fuerzas contrarias que combatieron, que fueron las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante Mario Santucho".

 

Después se justificó por la visita que realizó en julio del 2024 a la unidad penal federal de Ezeiza junto a otros cinco diputados del bloque libertario, con los que se fotografió con un grupo de detenidos por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz: "Con respecto a la visita, les recuerdo que en este país, donde la mayoría son creyentes y gente de fe, es una buena costumbre acompañar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados".

 

Su intervención buscó ser interrumpida por el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria), quien instó a que su bloque abandone la sala legislativa. "Sea valiente, quédese", desafiaba Benedit, quien también lo interpeló: "¿Te duele la verdad?".

 

El presidente del plenario, el también oficialista Carlos Zapata, interrumpió a su propio compañero de bancada para que se circunscriba al temario y, finalmente, le cerró el micrófono y dio por terminado el encuentro. "Me cansé de no decir nada", concluyó el diputado entrerriano, por fuera del micrófono.

 

Aunque en la Argentina no se apela a la figura de genocidio, tal como lo señaló Benedit, desde el 2006 la Justicia penal reconoce formalmente que existió un plan sistemático de exterminio contra un grupo nacional específico. Bajo ese criterio, estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, más allá de que las condenas que se le computan a los responsables corresponden a la suma de delitos individuales, como homicidio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores, desaparición forzada y abusos sexuales.

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