La situación generó malestar en el CGE en tanto el organismo cuenta con personal y cargos políticos para prestar los servicios contratados a terceros en el marco de sus funciones y tareas. Ello en un contexto de caída del presupuesto en Educación -cuyo promedio de asignación está proyectando en 16,2% para 2027, la menor inversión en 25 años- y el salario docente que no cubre la canasta básica alimentaria.
Dentro de las personas contratadas figuran socias de la consultora privada Estudio 4 de la directora General de Planeamiento Educativo, Marianela Müller, la funcionaria de mayor relevancia en la gestión que encabeza Carlos Cuenca: Luciana Belén Cerúndolo ($8.202.600) y María de la Paz Rinaldi ($3.000.000).
Dentro del organismo hay cuestionamientos porque desde la llegada de Cuenca se habrían multiplicado los contratos, en su gran mayoría forzando destinos de programas nacionales. Además de las socias de Muller, está el caso de Luciana Gallino García, a quien se contrató por $4.100.000 para la realización de "4 módulos formativos sobre la estructura de financiamiento nacional de la educación, destinados a directores de niveles y modalidades, supervisores y equipos de conducción", pero con distintas funciones de apoyo a la gestión.