Después intentar disciplinar a periodistas mediante el escrache público de un comunicador social que escribió en contra de la gestión, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, apuntó contra el ejercicio de la abogacía y el derecho de las personas privadas de su libertad. Las declaraciones del funcionario provincial fueron en un evento público, donde el ministro sugirió que ciertos profesionales del derecho podrían estar implicados en actividades ilegales relacionadas con el ingreso de teléfonos celulares a establecimientos penitenciarios.
En ese marco, el Instituto Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) afirmó que "el acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento". Además, se enfatizó que "cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes".
Ante ese escenario se reclamó al ministro que "reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho". También, se advirtió que "las declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias", y que "afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal".
Finalmente, el Instituto recordó que, como funcionario público, el ministro tiene "el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no debe recurrir a medios de comunicación para realizar imputaciones generalizadas que comprometan principios elementales del Estado de Derecho”.
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Hermes