¿Para qué sirve la universidad en un pueblo?

El sistema universitario y científico-tecnológico atraviesa la crisis más profunda de las últimas décadas. El incumplimiento de la Ley 27.795, el recorte del presupuesto y el deterioro salarial afectan hoy a docentes, investigadores y estudiantes de Entre Ríos. La marcha del 15 de octubre pone en discusión algo mayor que un reclamo sectorial.

La Universidad Nacional de Entre Ríos despliega sus nueve facultades en seis ciudades: Concepción del Uruguay, Paraná, Oro Verde, Gualeguaychú, Concordia y Villaguay. Las sedes académicas están separadas por distancias de hasta trescientos kilómetros. Esa decisión fundacional se sostiene desde hace más de cinco décadas y responde a la voluntad de llevar la educación superior pública, gratuita y de calidad a toda la provincia. El objetivo mayor es lograr que miles de jóvenes entrerrianos puedan estudiar sin dejar su tierra.

Esa presencia territorial y ese crecimiento están hoy en riesgo. En octubre de 2025 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Los artículos 5 y 6 de esa norma obligan al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y las becas estudiantiles. No se trata de una sugerencia, es una obligación legal.

El Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la norma por decreto con el argumento de falta de previsión presupuestaria. La Justicia Federal intervino entonces en reiteradas oportunidades instando el cumplimento de la ley. La obligación de cumplir la ley, otra vez, quedó firme.

No existe controversia en la interpretación. Quienes tienen la potestad de resolver estas diferencias ya se expidieron de manera reiterada y en el mismo sentido. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 elevado al Congreso tampoco contempla las partidas que la norma exige. El Consejo Interuniversitario Nacional calculó que faltan cerca de 3,7 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario el año próximo. Ese monto equivale a un 33% más de lo previsto por el Ejecutivo.

Así, entender esta crisis exige sostener dos planos al mismo tiempo.

El primero es el plano económico. Se expresa en el presupuesto, en el funcionamiento cotidiano, en el sueldo, en becas, en la falta de insumos y en el financiamiento de proyectos de docencia, investigación, extensión, transferencia y vinculación tecnológica. El presupuesto universitario nacional acumulará en 2027 su cuarto año consecutivo por debajo del nivel real de 2023.

Las consecuencias materiales de esos recortes son concretas. Un docente que renuncia a la universidad para trabajar en el sector privado representa la pérdida de ocho o diez años de formación. Representa una inversión del propio Estado en carreras de posgrado, en cursos, en capacitaciones y en investigaciones. Un investigador que abandona el sistema se lleva consigo años de formación que la sociedad argentina financió y que el sistema no recupera en el corto plazo. Un estudiante que interrumpe sus estudios porque la beca no cubre sus gastos básicos pierde la oportunidad de ser el primero de su familia en llegar a la universidad y de cambiar su vida y la de su entorno.

El segundo plano es el simbólico. Lo que se destruye ahí es la capacidad de futuro. Es la capacidad de pensarlo, de imaginarlo, de que forme parte de las representaciones de vida que los entrerrianos tenemos sobre estudiar, formarnos y ser profesionales; pero también de pensar mejores futuros, de estudiar, de identificar problemas y estudiarlos, de resolverlos, de producir conocimiento desde y para nuestra provincia.

Este segundo plano tiene efectos materiales aunque no aparezca en ninguna planilla. Cuando los jóvenes entrerrianos ven que sus docentes necesitan tres trabajos para vivir, que los investigadores sostienen su labor con salarios que no alcanzan para pagar un alquiler y que las becas estudiantiles se reducen hasta resultar insuficientes, el mensaje que reciben es clarísimo. Estudiar y dedicarse a la ciencia no constituyen un camino de vida viable. Ese mensaje transforma la manera en que una sociedad imagina lo posible y lo imposible.

La UNER construyó durante más de cinco décadas un consenso sobre el valor de formarse. Es ese consenso que se intenta erosionar con el desfinanciamiento. La declaración del Consejo Superior de la UNER señala con precisión ese punto. La UNER es mucho más que un lugar donde se forman profesionales. Es un ámbito donde conviven jóvenes de toda condición social y de toda la geografía provincial. Es un espacio donde se tejen vínculos con los municipios, las escuelas medias, las cooperativas y el entramado productivo local. Debilitar su financiamiento no constituye un ajuste contable. Constituye resignar una de las pocas instituciones capaces de igualar oportunidades entre cabeceras de departamento y pequeñas localidades, entre el campo y la ciudad, entre quien puede costear sus estudios y quien no.

En ese trabajo, la universidad pública produce vínculos sociales, humanos, productivos y comunitarios. Se construyen en las aulas, en los laboratorios, en los trabajos de campo y en los proyectos de extensión. Se construyen también en los pasillos, en las cooperativas que nacen de una investigación aplicada, en las empresas recuperadas que reciben asistencia técnica, en los municipios que encuentran en la universidad un socio para pensar sus problemas.

Un ingeniero agrónomo formado en Oro Verde mantiene vínculos con los productores de su zona durante toda su vida profesional. Un trabajador social graduado en Paraná construye redes con organizaciones barriales que perduran más allá de cualquier proyecto puntual. Un investigador del Instituto de Estudios Sociales trabaja junto a cooperativas de la economía popular y esa relación transforma tanto a la cooperativa como al investigador. Una bromatóloga formada en Gualeguaychú asesora a pequeñas empresas alimenticias de su ciudad y contribuye a que esas empresas mejoren sus procesos y amplíen sus mercados. La universidad funciona como un nodo que conecta personas, instituciones y territorios que de otro modo permanecerían aislados.

Esa trama de vínculos constituye una infraestructura social que puede parecer impalpable, pero que permite que un pueblo pequeño acceda a un diagnóstico técnico, que una escuela rural encuentre herramientas pedagógicas, que un municipio diseñe una política pública con respaldo científico, que una cooperativa agrícola mejore su producción. Es la que permite que los jóvenes entrerrianos que emigran a estudiar mantengan un lazo con su lugar de origen y que muchos de ellos decidan volver. Sin esa trama, la provincia pierde capacidad de coordinación, de cooperación y de acción colectiva. Pierde la posibilidad de que sus comunidades resuelvan problemas en conjunto. Esa pérdida también es material, aunque no aparezca en ningún balance.

Entre Ríos produce conocimiento valioso sobre sí misma. Los tres institutos de doble dependencia entre la UNER y el CONICET constituyen el núcleo institucional de esa producción. El Instituto de Estudios Sociales, el Instituto de Biología y Biología Molecular y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, a las que se suma también el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (UADER-CONICET), son espacios donde se investigan los problemas de la provincia desde la provincia.

El Instituto de Estudios Sociales se creó en 2017 y aporta al desarrollo territorial, la protección del patrimonio cultural, los mercados populares y las cooperativas, la agricultura familiar, las estructuras sociales de producción, los estudios de género, las juventudes y la discapacidad, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación popular y el pensamiento social y político contemporáneo.

Esa producción no es una actividad académica abstracta. El Instituto asesora sobre la normativa y la gestión de bienes culturales. Acompaña procesos de desarrollo rural y sistemas productivos. Ofrece asistencia técnica y capacitación a sectores productivos. Produce conocimiento que sirve directamente a las necesidades de la provincia y que se origina en sus propias condiciones.

Por todo lo que estas pocas palabras intentan resumir, el 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Educativa en todo el país. Las universidades y los institutos científicos de Entre Ríos participarán de esa movilización.

Los reclamos son claros. Aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Recomposición de los salarios docentes, no docentes y de investigación. Actualización de las becas estudiantiles y de posgrado. Rechazo al recorte previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 para el sistema universitario y científico-tecnológico nacional.

Esa marcha no constituye sólo una protesta sectorial. La universidad pública atraviesa a la mayoría de la ciudadanía entrerriana. La universidad pública interpela a sectores que no necesariamente comparten un contenido ideológico. Esa transversalidad constituye su fuerza.

En 2026 el sistema universitario entrerriano enfrenta una disyuntiva. Puede continuar por el camino diseñado por el Poder Ejecutivo Nacional. Ese camino conduce a un sistema que se contrae año tras año, que pierde docentes e investigadores, que reduce becas, que suspende investigaciones y que se vuelve cada vez más pequeño, más cerrado y más distante de las comunidades con las que alguna vez se vinculó. O puede formar parte de una movilización social más amplia. Esa movilización exige que las leyes se cumplan, que la educación pública sea respetada como un derecho y que la provincia conserve la capacidad de pensar y planificar su propio futuro.

El Consejo Superior de la UNER dirigió un mensaje claro a la sociedad entrerriana y a sus representantes en el Congreso de la Nación. Solicita a las legisladoras y los legisladores nacionales por Entre Ríos que revisen las partidas asignadas al sistema universitario y al sistema científico-tecnológico durante el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2027; y al gobernador Rogelio Frigerio que convierta la cuestión universitaria en un tema de Estado provincial. Convoca a la sociedad entrerriana a informarse, a involucrarse y a acompañar a su universidad pública en la defensa de un derecho conquistado hace más de cinco décadas.

Entre Ríos construyó su universidad para achicar distancias, para igualar oportunidades y para multiplicar el conocimiento en cada rincón de su territorio. Sostenerla no constituye un gasto. Constituye la forma más eficaz que la provincia tiene de invertir en su propio futuro.

Juan Ignacio Legaria. docente, investigador y extensionista de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Becario Doctoral en el Instituto de Estudios Sociales. Periodista de ciencias en Ideas del Litoral.