No sos vos, somos todos. El suicidio como problema social

El pasado 10 de septiembre se conmemoró la Jornada Mundial de Prevención del Suicidio. Esta efeméride, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2003, se torna especialmente relevante en el actual contexto de preocupación sobre la temática, ante el conocimiento de las cifras sobre el aumento de la tasa de suicidios en nuestro país, que alcanzó su pico histórico y se ubica por encima del promedio mundial. Esta situación, llevó a la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) a calificar al fenómeno del suicidio en el país como algo “muy grave y alarmante”.

En Entre Ríos se registraron números especialmente graves: 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes y un crecimiento del 81 % en los últimos ocho años. Es la provincia con la tasa más elevada, casi el doble de la media nacional, que se ubica en 11,8.

La cifra es relevante y sorprende. ¿Por qué sorprende? Más allá de su significancia en relación con la media nacional, porque del suicidio no se habla. Al menos, no abiertamente. Se ha mantenido casi como un tabú, como algo que sabemos que está allí, pero sobre lo que no resulta aconsejable hablar, dado que su sola mención ha sido identificada como posible causa de imitación o de efecto contagio. No es algo nuevo: desde Goethe (con su Werther) hasta Ozzy Osbourne (con su Suicide Solution, que claramente lo condenaba), han sido censurados o condenados solo por mencionarlo.

Pero ¿cómo reflexionar o problematizar sobre algo de lo que no se puede hablar? Estos números dan cuenta de una situación en la que urge intervenir activamente, dejando de lado la pasividad y el silencio. Antes que certezas, nos abre a muchas preguntas. ¿Cómo llegamos como sociedad a registrar más muertes por suicidio que por accidentes de tránsito? Se trata de un tema que falta problematizar y politizar. Sacarlo de la penumbra del infierno individual y abordarlo de una manera más integral, que incluya su dimensión social y la posibilidad de una intervención efectiva para comprenderlo y prevenirlo activa y efectivamente.

El suicidio fue motivo de reflexión de la naciente sociología, en los albores de la constitución de esta disciplina como ciencia social. Fue Émile Durkheim quien, en su clásica obra titulada El suicidio (1897), observando la relativa regularidad en las tasas de suicidio de diferentes países, le confirió el carácter de hecho social y, por tanto, sostuvo que debía ser objeto de estudio de la sociología y no exclusivamente de la psicología. El suicidio, para el sociólogo francés, responde a causas sociales y no puramente individuales o relativas al carácter personal. El hecho de que sus causas deban buscarse fuera del individuo, y no pura y exclusivamente en su psiquis, conlleva consecuencias en el ámbito de las responsabilidades y la intervención en pos de su prevención. El suicidio es un problema social.

¿Cuáles eran las causas sociales más relevantes a la hora de ensayar una explicación sobre el fenómeno? Durkheim tipificó los tipos de suicidio en función de dos variables: la integración social y la regulación social. La integración social refiere al modo en que un individuo se encuentra vinculado a un grupo social más amplio, que lo contiene y con el que comparte relaciones y valores, sean amistades, familia, un partido político o una nación. La regulación social, en tanto, refiere al modo en que la sociedad establece y regula, mediante normas y reglas, las expectativas y conductas de los individuos. En definitiva, remiten a qué es lo que une a un individuo a su sociedad y el modo en que la sociedad regula su vida.

No se trata aquí de forzar conceptos para encajarlos en la realidad que se expresa en los datos empíricos actuales, sin tener en cuenta contextos sociohistóricos, políticos y culturales. Así como tampoco se puede simplificar un fenómeno complejo y multicausal a un par de variables. Pero sí de tomar algunas herramientas de las reflexiones clásicas de la sociología sobre el tema como insumo intelectual para hacernos preguntas sobre un fenómeno social de acuciante actualidad.

Lo que evidencian las cifras es que estamos ante un problema social grave, un problema de salud mental. No es un fenómeno que escape a la globalidad. Mark Fisher ha señalado con lucidez el vínculo entre el capitalismo frenético en el que vivimos, las relaciones sociales que engendra y el impacto que eso tiene en la salud mental y la necesidad psicofarmacológica para afrontar la dinámica social contemporánea. Desde la pandemia que sufrimos se viene hablando de una epidemia de salud mental, que podemos evidenciar en los diálogos con nuestras personas más cercanas. Sin embargo, el carácter global del problema no debe eximir de responsabilidades a quienes gestionan el Estado y, desde allí, las políticas de salud mental, tanto a nivel nacional como provincial. Sobre la realidad se actúa, por acción u omisión, y en esa intervención se puede contribuir a mejorar o empeorar la problemática.

La situación adquiere particular relevancia entre las juventudes, donde se ha convertido en la principal causa de muerte en nuestra provincia, superando a los accidentes de tránsito. Se trata justamente del sector que está más expuesto a las diferentes modalidades de precariedad laboral, contratos basura, ausencia total de derechos sociales que la “sociedad salarial”, al decir de Robert Castel, otorgaba por vía del trabajo. A eso debe sumarse la incertidumbre sobre el futuro, la dificultad de establecer planes para una trayectoria a mediano o largo plazo y la falta de un horizonte.

El catastrófico contexto socioeconómico que atraviesa el país y la provincia, con todos los índices sociales y económicos a la baja, no puede omitirse del cuadro de situación que enmarca este fenómeno. El nivel de agresividad y violencia que expresa el gobierno nacional, no solo de manera verbal explícita, sino, fundamentalmente, a través de su política, apunta directamente a profundizar la situación angustiante y acuciante de las mayorías y la sensación de desamparo social e incertidumbre hacia el futuro. No hacen sino complicar un cuadro ya de por sí preocupante, desregulando socialmente un dispositivo de mecanismos que deben contener a la población, siendo la salud pública en general, y la mental en particular, campo de ajuste.

En el caso de Entre Ríos, como señala el informe que divulga la Consultora Eje, solo 9 de 65 hospitales generales en la provincia tienen servicio de salud mental. Solo un cuarto de los psiquiatras matriculados trabaja en el sector público. Estos hechos concretos hablan más que las declaraciones del oficialismo, que declara el “estado de urgencia en salud mental” o a la salud mental como “prioridad”. En los hechos, más allá de su coacheado y sutil modo de comunicar, el gobierno provincial acompaña las mismas políticas de ajuste sobre salud y educación públicas de su par nacional, al cual se subordinó sin peros.

El gobierno de Frigerio lanzó un agente de inteligencia artificial (IA), llamado ORI, destinado a orientar en materia de salud mental, una forma de encubrir el desfinanciamiento. ¿Alguien puede imaginarse cómo puede afectarle a una persona que se siente escasamente integrada socialmente el hecho de que su interlocutor ante una crisis de salud mental sea una IA? “El sufrimiento no se automatiza. El cuidado no se terceriza”, señalaron al respecto desde la Mesa de Salud Mental de la provincia.

Es difícil gozar de salud mental en una sociedad que es empujada hacia el abismo por el gobierno, que, a su vez, deja a la intemperie a esa población al destruir las barreras de contención y protección en la materia. No alcanzan las declaraciones efectistas ni la comunicación en clave motivacional. Si las raíces profundas de un fenómeno son sociales, no se trata de proponer salidas individuales que revictimizan al que está pasando por un mal momento, culpándolo de no poder salir.

Una de las operaciones características del funcionamiento de nuestras sociedades consiste en lo que se denomina “individuación de lo social”: la conversión de problemas sociales en dificultades individuales. Aquello que tiene raíces en las condiciones de vida, en el modo en que se tramitan las crisis económicas; en problemas estructurales como el desempleo; en la falta de infraestructura; en la ausencia de presupuesto para la salud mental pública; etc., aparece como un problema individual que la persona debe solucionar por sus propios medios. El sociólogo norteamericano C. Wright Mills señalaba que lo que usualmente se experimenta como un problema personal remite a una cuestión pública.

Recuperar la dimensión social del fenómeno del suicidio no supone negar la singularidad de cada experiencia particular ni, mucho menos, desconocer la importancia de la atención clínica, sino ampliar el campo de reflexión e intervención: si el sufrimiento también se produce socialmente, su prevención requiere necesariamente respuestas sociales, políticas y colectivas.

Alejo Mayor, sociólogo UBA y CONICET.