En la misiva, demandaron a Frigerio “su atención personal sobre IOSPER, que tiene como beneficiarios al 25 por ciento de la población de Entre Ríos”, y reclamaron al Ejecutivo que blanquee “cuál es la situación real de la obra social; cuál es el plan de saneamiento; cuándo y cómo se va a implementar un plan de contingencia; y qué denuncias se presentaron ante la Justicia por las irregularidades que encontró la intervención”.
La intervención “lleva varios meses y la ciudadanía conoce muy pocos datos del estado en que se encontró la obra social”, dijeron y precisaron: “Lo poco que se publicó fueron datos dispersos y números no sustentados con documentación pública. Tampoco hubo ningún informe público del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, no se implementó ningún plan de contingencia para atender las urgencias y emergencias mientras se investigan y solucionan los problemas de fondo. Plan que debió ser elaborado antes de la intervención, para no causar inconvenientes a los afiliados”.
En ese marco, apuntaron que “al no contar con información detallada y veraz, se sigue en las redes sociales las publicaciones y comentarios de los afiliados, quienes exponen a diario incumplimientos, demoras, burocracia sin sentido e incluso, maltratos”. Ante esta situación, comentaron que en algunos casos desesperante, pululan los ofrecimientos para llevar adelante amparos por el incumplimiento de las obligaciones, “vía que genera costos extraordinarios a la ora social, que exceden a lo reclamado en principio, sea un medicamento, una práctica médica, una prótesis o servicios socioasistenciales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que la intervención trajo a los afiliados y a la obra social?”
Incertidumbre y desidia en la atención
Además, dijeron que, según informaciones obtenidas desde la propia obra social, “hay pendientes de entrega más de 1600 prótesis, que a medida que transcurre el tiempo se van convirtiendo en urgencias y dejando posibles secuelas en la salud de los pacientes por demoras en la atención”.
“Es probable, entonces, que la obras social deba afrontar compensaciones económicas por estos daños. ¿Nadie evalúa estos costos extraordinarios? Esto pone en evidencia la falta de pericia de quienes asumieron la responsabilidad de la intervención. Y con respecto a la salud de los afiliados, ¿van a esperar a que fallezca alguien por estas demoras innecesarias para actuar?”, subrayaron.
Por otro lado, señalaron que los acontecimientos públicos sucedidos en los últimos días que involucran a Luis Beber, un profesional formado en Salud Pública y de intachable conducta, que lo obligaron a presentar su renuncia, los lleva a requerir su atención y reiterarle que: “No se conoce y no se evidencia la expertise del equipo interventor; el gobierno que usted encabeza no ha formulado denuncias penales a quienes responsabilizan mediáticamente de la situación que llevó a la intervención; y una vez más, la desestimación de profesionales de la provincia muestra un desdén por parte de su gobierno del recurso humano existente en Entre Ríos”.
Los radicales aclararon que el objetivo del reclamo es “que los afiliados de esta emblemática obra social dejen de padecer los problemas mencionados y que estamos en condiciones de señalar las falencias porque en nuestro partido tenemos una basta experiencia en la administración eficiente y eficaz de los recursos para la salud de 300.000 entrerrianos”.
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Hermes