En la sesión de la Cámara Baja que se realizó este jueves, se aprobó con fuerza de Ley la “derogación” de los artículos 139°, 140° y 269° del Código Fiscal 2022.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, argumentó que el proyecto tiene el objetivo de eliminar “la superposición de normas fiscales que generó confusiones en la aplicación de impuestos relacionados con el Inmobiliario y Automotor”. Durante la sesión, el diputado precisó que “la iniciativa busca aclarar y ordenar la legislación vigente, para brindar mayor transparencia y protección a los contribuyentes”.
En ese marco, señaló que la superposición de normas complicó la comprensión de los adicionales de los impuestos Impuesto Inmobiliario y Automotor, los cuales fueron modificados en varias ocasiones. “Esta Ley originalmente tenía un carácter transitorio y sufrió modificaciones que afectaron su aplicación en el tiempo”, indicó Sarubi.
“No podemos permitir que se dé un error legislativo para corregir uno administrativo”
El bloque de Más por Entre Ríos no acompañó la iniciativa, ya que argumentó la derogación no sería necesaria, porque los artículos no estaban en vigencia¸ por un lado, y, por el otro, que el reordenamiento es una facultad que ya dispone el Poder Ejecutivo.
El diputado Juan José Bahillo comentó que “los adicionales, que oscilan entre el 10 por ciento y el 30 por ciento tuvieron diversas prórrogas a lo largo de los años. La última fue establecida en el artículo 26 de la Ley 10.754, que prolongaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023”.
En ese sentido, criticó la decisión del gobierno provincial de haber cobrado estos adicionales sin contar con el respaldo legislativo necesario. “El año pasado, la Administradora Tributaria de Entre Ríos cobró un adicional del 10 al 30 por ciento sin tener una norma legislativa que lo autorizara. Esto es un error que debemos subsanar”, afirmó Bahillo, señalando que para cobrar un impuesto se requiere una autorización legislativa previa.
Además, remarcó que la Ley tiene una fecha de vencimiento clara y que, por lo tanto, no se puede derogar los artículos en cuestión sin una justificación válida. “No podemos permitir que se dé un error legislativo para corregir otro administrativo”, sostuvo, al tiempo que llamó a la responsabilidad en la gestión.
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Hermes