El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, no asistió a la audiencia que había sido convocado en la Cámara Alta, para defender la creación de la AABIPER. Para explicar el proyecto asistieron Martín Rettore y Alejandro Plugoboy, quienes brindaron un informe técnico y legal sobre el texto.
Si bien en la mayoría de los artículos hay coincidencia para ordenar la administración de bienes, los senadores de la oposición marcaron a los emisarios del Ejecutivo que la iniciativa generará “un desbalance en el poder” y de la institucionalidad en la provincia, ya que se lleva puesto delegaciones de la Legislatura para la autorización de compra, uso y venta de propiedades del Estado, es decir, brindará “un poder absoluto, sin control” a un funcionario del Poder Ejecutivo.
La idea “es centralizar esa información, para poder hacer un ejercicio mucho más eficaz de lo que tiene el Estado”, argumentaron los abogados. El conflicto surge en función de esa premisa, que da luz verde al Ejecutivo para la “administración” y “determinados movimientos”, punto que fue señalado por la oposición, ya que se observó que no es lo mismo “la administración de bienes referida a la incorporación, mantenimiento, registro y control” que la “disposición y venta”, que actualmente deben ser autorizados por la Legislatura provincial.
En ese marco, desde Más para Entre Ríos, se remarcó que la delegación de facultades generaría un “desequilibrio de poderes”, dándole al Ejecutivo “un poder absoluto, sin control”. Sin embargo, los representantes de la Fiscalía aseguraron que constitucionalmente el Ejecutivo dispone de esa potestad, pero desde el bloque centraron el debate en lo que representa para el Estado esa discusión política donde una persona, sin control de la oposición, disponga el futuro del patrimonio del Estado provincial.
Ante ese escenario, el oficialismo pretende que el texto se apruebe sin modificaciones, pero desde la oposición -que hoy es mayoría en el hemiciclo y que controla la comisión de Legislación General- se discute la posibilidad de introducir modificaciones al texto para garantizar una responsabilidad institucional y política en el reparto del poder.
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Hermes