El mayor deterioro industrial en la historia de la Argentina y su repercusión en Entre Ríos

La caída de casi 100.000 puestos de trabajo en el país y el cierre de más de 4.000 industrias exponen el colapso del modelo fabril bajo la gestión de Javier Milei. En Entre Ríos, la recesión golpea el consumo con un derrumbe del 25,9% en supermercados, mientras la agroindustria entrerriana intenta resistirde forma asimétrica en una provincia arrastrada por la homogeneidad del ajuste nacional.

 

El diagnóstico

 

La conmemoración del Día de la Industria, este 2 de septiembre de 2026, encuentra a la República Argentina transitando una de las crisis industriales más agudas y veloces de su historia económica moderna.

 

Los indicadores de producción, empleo y consumo describen un panorama de desindustrialización acelerada que no solo pulveriza las capacidades instaladas de las fábricas nacionales, sino que derrama sus efectos nocivos hacia los rincones productivos de las provincias.

 

El tejido manufacturero entrerriano, caracterizado por su diversidad y su estrecho vínculo con la agroindustria, no logra escapar a la inercia de un modelo económico nacional que prioriza la valorización financiera y la apertura comercial irrestricta.

 

La asfixia impositiva, la falta de crédito y la deprimida demanda del mercado interno configuran una pinza que estrangula tanto a grandes plantas como a pequeños talleres fabriles en todo el territorio entrerriano.

 

Los datos

 

La magnitud del derrumbe queda plasmada con frialdad matemática en el último informe que hemos elaborado desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado este 1 de septiembre de 2026.

 

A nivel nacional, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC acumula en los primeros seis meses de 2026 una caída de 1,9% interanual, pero se desploma un 8,1% al compararse con el promedio del modelo anterior (enero 2022 - noviembre 2023).

 

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) se contrae un 10,2% promedio en la era Milei en relación con el período de referencia anterior.

 

La capacidad instalada fabril se reduce a un alarmante 59,1% en junio de 2026, lo que implica que 4 de cada 10 máquinas en las fábricas del país están paradas, registrando hundimientos críticos en sectores como la metalmecánica (-30,9%) y los productos minerales no metálicos (-30,4%).

 

Este apagón productivo generó la pérdida masiva de 97.312 puestos de trabajo registrados en el sector industrial privado de todo el país entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 (una contracción del 8,0%), acompañada por el cierre definitivo de 4.020 industrias manufactureras registradas como empleadoras (-8,1%).

 

La réplica provincial en Entre Ríos exhibe un deterioro alarmante: la industria manufacturera provincial perdió 935 puestos de trabajo formales, mientras que desaparecieron 148 industrias entrerrianas netas (-9,9% del total del sector provincial).

 

En el plano del consumo masivo local, las ventas reales en supermercados entrerrianos acumuladas a junio de 2026 muestran una caída acumulada del 6,2% contra 2025 y un asombroso hundimiento del 25,9% respecto de 2023, lo que representa una facturación de $112.179 millones menos en la provincia de Entre Ríos a precios de junio de 2026.

 

Esta caída de consumo golpea de forma demoledora en alimentos esenciales dentro de las grandes cadenas de la provincia, destacándose los rubros de almacén (-27,9% vs 2023), lácteos (-15,5% vs 2023) y carnes (-21,3% vs 2023).

 

El contexto histórico

 

Los procesos de desindustrialización en Argentina no son una novedad, sino el resultado recurrente de un patrón de política económica bien identificado en la historia nacional.

 

La precipitada caída de los indicadores industriales actuales encuentra un reflejo directo en las gestiones de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar (1976-1981), el ciclo de convertibilidad de Domingo Cavallo en los años 90 (que continuó hasta la crisis del gobierno de la Alianza en 2001), y el programa económico de la administración de Mauricio Macri, que contó con Luis Caputo y Federico Sturzenegger entre sus principales artífices financieros.

 

Todos estos modelos compartieron pilares estructurales idénticos: apertura importadora indiscriminada, tasas de interés reales sumamente elevadas para favorecer la valorización financiera de corto plazo, y un persistente atraso cambiario que pulveriza la competitividad de la producción local en favor del bien importado.

 

El ingeniero y economista argentino Marcelo Diamand explicaba en la década de 1970 este problema estructural a través de su conocida teoría de la "estructura productiva desequilibrada" y la consecuente "restricción externa". Diamand sostenía que conviven un sector agropecuario altamente competitivo que genera divisas pero no crea empleo de calidad de forma masiva, frente a un sector industrial que es demandante de dólares para insumos pero posee una formidable capacidad de generación de puestos de trabajo de calidad y salarios altos.

 

Históricamente, los períodos de mayor bienestar general e industrial coincidieron con gestiones que utilizaron las divisas del agro para financiar el aparato fabril y el mercado interno, alcanzando los mejores niveles de distribución de la riqueza donde la participación de los trabajadores superó el 50% del PBI (Producto Bruto Interno) en tres oportunidades de la historia del país: 1954, 1973 y 2015. Fueron los tres gobiernos Peronistas.

 

¿Qué cambió?

 

Lo que diferencia radicalmente la situación actual de otras crisis históricas es la velocidad sistémica y el carácter global del deterioro industrial argentino.

 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera argentina cayó un 7,9%, ubicándose como el segundo peor desempeño industrial del planeta sobre 56 economías relevantes, solo por detrás de Hungría.

 

Esto marca una profunda divergencia regional con socios comerciales limítrofes: en el mismo período, Brasil registró un crecimiento industrial de 3,5%, Chile se expandió un 5,2%, Perú trepó un 6,5% y Uruguay subió un 3,7%.

 

No se trata, por tanto, de un fenómeno recesivo de orden global o regional, sino de un proceso de destrucción endógeno y autoinfligido por el rumbo de la administración nacional, que expone a los productores locales a una apertura arancelaria apresurada, carente de planificación e instrumentos de financiamiento.

 

Las causas

 

El colapso de la producción fabril se explica por una batería de decisiones políticas deliberadas implementadas desde diciembre de 2023 bajo la gestión de Javier Milei.

 

En primer lugar, la devaluación inicial de la moneda y la posterior suba del Impuesto PAIS al 17,5% al inicio de 2024 encarecieron drásticamente los costos de insumos esenciales y materias primas importadas que la industria requiere para su proceso diario. En segundo lugar, se procedió a una desregulación tarifaria que derivó en aumentos exponenciales de electricidad y gas para talleres y PyMEs industriales, rompiendo toda ecuación de rentabilidad.

 

A esto se suma el desmantelamiento normativo promovido por el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Compre Nacional y eliminó el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), el cual otorgaba Aportes No Reembolsables a las PyMEs que abastecen a eslabones estratégicos como energía y transporte.

 

Paralelamente, el desfinanciamiento presupuestario real de organismos clave para el desarrollo industrial ha sido fenomenal al comparar enero-julio de 2026 con igual período de 2023: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sufrió un recorte real del 49,9% de su presupuesto, acompañado de una reducción de 854 trabajadores, debilitando severamente su capacidad de asistencia técnica a las pymes, que concentran el 80% de su labor diaria.

 

Del mismo modo, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo experimentó una caída presupuestaria real del 77,3%.

 

Finalmente, la disolución de la Secretaría PyME en agosto de 2025 dejó al 98% de las empresas del país desprovistas de un ámbito de acompañamiento estatal destinado a reducir la brecha de productividad.

 

El impacto

 

El impacto del programa económico nacional ha sido asimétrico pero profundamente destructivo en todo el territorio.

 

A nivel nacional, la recesión y el cierre de empresas se concentraron casi de forma exclusiva en el segmento de las Pequeñas y Medianas Empresas: las PyMEs de hasta 500 empleados explicaron el 99,78% de la caída total de empleadores en el país (30.565 empresas cerradas de las 30.633 totales).

 

En Entre Ríos, la tendencia se repite idéntica, donde los empleadores de hasta 500 trabajadores absorbieron 1.201 de las 1.202 bajas de empresas registradas (-6,92% del entramado entrerriano).

 

Sin embargo, en materia laboral, las grandes empresas (con más de 500 obreros) fueron las principales expulsoras de personal registrado en la seguridad social: explicaron el 61,02% de los puestos de trabajo destruidos a nivel nacional (251.176 despedidos) y el 44,7% en la provincia de Entre Ríos (5.586 bajas). Esto revela que mientras la PyME industrial familiar intenta aguantar reduciendo sus márgenes y postergando pagos hasta que finalmente se ve obligada a cerrar, la gran corporación ejecuta rápidas reestructuraciones y suspensiones masivas de personal para proteger su tasa de ganancia.

 

Esta enorme masa de despidos se combinó con una licuación del poder adquisitivo del asalariado formal registrado de Entre Ríos, que sufrió una caída del 10,1% real a marzo de 2026 al deflactar los ingresos por la canasta inflacionaria real (ENGHo 2017-2018), lo que explica el desplome sin precedentes de las ventas físicas en comercios y grandes superficies.

 

Las voces

 

La conflictividad en el territorio entrerriano y nacional se expresa en casos testigos sumamente dolorosos.

 

En la provincia de Entre Ríos, la histórica firma metalúrgica Faraón Hogar, con más de 30 años de trayectoria en la fabricación de estufas, termotanques, ventiladores y secarropas, entró formalmente en concurso preventivo tras acumular pérdidas por casi $150 millones ante el derrumbe de las ventas.

 

Asimismo, a nivel nacional, la crisis empujó al concurso de acreedores a la histórica constructora Esuco (fundada en 1948) y decretó la quiebra de la autopartista Pisi SRL en Villa Constitución, proveedora clave de Acindar, revelando que el ajuste barre sin piedad cadenas de valor industriales consolidadas durante décadas.

 

La discusión de fondo

 

La discusión de fondo no radica simplemente en contar cuántas empresas bajan sus persianas o cuántos telegramas de despido se envían cada día. Lo que verdaderamente está en juego es la elección de un modelo de desarrollo para el destino del país.

 

La actual administración nacional promueve, a través de herramientas fiscales como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un modelo extractivista, concentrado y primarizado que condena al país a exportar recursos sin procesar e importar bienes terminados con alto valor agregado.

 

Por el contrario, un proyecto soberano exige industrializar las formidables riquezas de las que dispone la Argentina: las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta, el litio del norte, el agua dulce y la pampa húmeda.

 

La industrialización del recurso natural es la única vía histórica comprobada para generar salarios reales altos, desarrollo tecnológico y una equitativa distribución de la riqueza, que en los procesos históricos nacionales alcanzó sus mejores estándares de equidad bajo el amparo de proyectos políticos de matriz nacional y popular.

 

Las perspectivas

 

Tanto en el país como en nuestra provincia, los datos positivos de la economía provienen de actividades como la agropecuaria, la intermediación financiera y la energía que, tienen la enorme dificultad de generar entre todas, menos del 10% del total del empleo formal, tal cual manifestaba Diamand.

 

Estas variaciones sectoriales ligadas al complejo exportador primario no alcanzan a compensar ni a derramarse sobre las ramas industriales que compiten de forma directa en el mercado local con el aluvión importador masivo que en alimentos e insumos de consumo básico como carnes preparadas, pastas, fideos y panadería experimentó incrementos de entre el 90% y el 530%, profundizando la crisis en las ciudades e industrias no vinculadas al agro.

 

En definitiva, el presente informe demuestra que las economías provinciales no pueden funcionar como compartimentos estancos aislados de la política macroeconómica general de una nación.

 

Cuando un modelo económico nacional asienta sus bases sobre la valorización financiera, la apertura indiscriminada de importaciones y la desregulación de costos, el impacto de destrucción industrial se homogeniza en todo el territorio, anulando los esfuerzos productivos de las regiones.

 

En Entre Ríos, la actual gestión gubernamental de Rogelio Frigerio ha respaldado y acompañado políticamente cada una de las medidas de ajuste económico impulsadas por la administración de Javier Milei que asfixian el mercado entrerriano, mientras intenta discursivamente despegarse de los resultados nocivos de destrucción de empleo PyME con el avance del cronograma electoral.

 

Resulta urgente e indispensable que desde la sociedad entrerriana y el tejido social emerjan y se consoliden liderazgos comprometidos con un proyecto de país industrial, diversificado y soberano, el único camino capaz de devolverle el trabajo y la dignidad a la patria.

 

Juan Pablo Enriquez, contador público nacional, integrante del Centro CEPA (Centro de Economía Política Argentina)