El plato vacío de la consulta: cuando el Estado deja afuera a quienes saben de comer

Hace pocos días nos enteramos de que el gobierno provincial decidió reemplazar el esquema descentralizado de desayunos y meriendas escolares por un sistema tercerizado a cargo de la empresa Teknofood. Hasta ahora, cerca de 990 escuelas recibían fondos a través de tarjetas administradas por sus directivos, quienes compraban localmente los alimentos para los estudiantes. El nuevo modelo —que duplica el presupuesto— introduce desayunos y meriendas basados principalmente en productos secos, budines, viandas y otros alimentos industrializados, en lugar de priorizar los alimentos frescos, naturales y sin colorantes ni conservantes que la propia normativa exige.

Esta medida podría redundar en una afectación concreta de los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Y ahí aparece el primer acto irregular: en la materia rigen en nuestro país la Ley Nº 25.724 de Nutrición y Alimentación, y la Ley Nº 27.642 de Etiquetado Frontal —conocida como "Ley de los Octógonos Negros"—, cuyo artículo 12 establece de manera taxativa que las escuelas deben ser entornos protegidos frente a la agresiva industria de los productos ultraprocesados. Esa norma no fue pensada como una simple regla de etiquetado comercial para las góndolas de un supermercado, sino como un verdadero imperativo ético del Estado.

La provincia, además, cuenta con normativa propia que regula la alimentación saludable en las escuelas. La Dirección de Comedores Escolares ha dictado circulares concretas sobre qué tipo de alimentación corresponde y cuál no: en abril de este año, la Circular 5° estableció expresamente que no está permitida la adquisición de productos fritos, instantáneos ni ultraprocesados para la dieta de los alumnos entrerrianos.

Una política diseñada de espaldas a quienes la conocen mejor

Todo esto invita a pensar en cómo se elaboran las políticas públicas en nuestra administración. No se trabajó con los sectores involucrados en la materia. Seguramente los directivos de las escuelas y las cocineras, desde su experiencia de tantos años y su compromiso cotidiano, tenían mucho para aportar a un buen programa de desayunos y meriendas. Seguramente el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, con profesionales a lo largo y ancho de todo el territorio provincial, también. Y seguramente las tres facultades que dictan la carrera de Nutrición en la provincia tenían, desde lo científico, mucho para decir. Pero no se los consultó. No se registró que, en una política pública de esta magnitud, hay en la provincia gente comprometida, con experiencia, saberes y profesionalismo para aportar.

No hay certezas, pero tampoco dudas, de que duplicando el presupuesto —como auspiciosamente se hizo— el Colegio de Nutricionistas, las facultades, los directivos y las cocineras podrían haber diseñado en conjunto un programa de nutrición y alimentación verdaderamente adecuado para nuestras infancias.

Cabe preguntarse si estas políticas públicas diseñadas detrás de un escritorio no terminan siendo, a la larga, uno de los fundamentos del alejamiento entre la sociedad y quienes gobiernan. Si no alimentan también el desinterés por la cosa pública y por concurrir a votar. Porque genera desazón y descreimiento que no te convoquen, siendo una palabra autorizada en la materia, a aportar en una política tan importante y determinante para la educación provincial.

Y hay otra dimensión, no menor: el nuevo sistema implica que el dinero de las y los entrerrianos vaya a parar a una empresa con sede en Buenos Aires, en lugar de sostener al castigado comercio local que hasta ahora proveía a las escuelas. Nadie pensó que esto era otra mala noticia para los negocios, las micro y pequeñas empresas de la provincia —que cierran sus puertas todos los días por la caída en las ventas—, ni para las fuentes de trabajo que esta medida pone en riesgo.

Más que un plato: comunidad, confianza y transparencia

El comedor escolar, además de ser una alternativa nutricional indispensable para las niñas y los niños cuyas familias no pueden cubrir esa demanda básica, genera un ámbito de relación comunitaria, de hábitos sociales compartidos, que completa la convivencia escolar. Es garantía de derechos interdependientes: derecho a la educación —porque la permanencia y el desempeño escolar dependen de la nutrición—, derecho a la salud, e interés superior del niño. El derecho a una alimentación adecuada vincula expresamente disponibilidad, accesibilidad y adecuación cultural del alimento con la dignidad humana.

Estos espacios son verdaderos efectores institucionales que abonan a la construcción de una sociedad democrática, basada en redes solidarias que el Estado debe alentar. Las redes de confianza y reciprocidad que se tejen en un comedor escolar fortalecen el tejido social barrial, mucho más allá del vínculo entre alumno y escuela. Y contribuyen, además, a la transparencia y a la confianza en el sistema.

Porque cuando el Estado gestiona y controla efectivamente el servicio, genera rendición de cuentas verificable ante la comunidad educativa —familias, docentes, cooperadoras—; genera control social directo, ya que los propios destinatarios pueden evaluar calidad y cantidad; y reduce la intermediación con fines de lucro que opaca el circuito de los fondos públicos. A la inversa, cuando se terceriza sin controles robustos, esa cadena de confianza se rompe, y el efector de transparencia se convierte en un punto ciego.

Una mesa que todavía podemos volver a compartir

Con todo, este debate también nos recuerda algo esencial: que la escuela pública sigue siendo, pese a todo, el lugar donde el Estado llega primero y se queda más tiempo junto a las familias entrerrianas. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, de sentar en la misma mesa a los entrerrianos que saben de nutrición, a quienes cocinan todos los días para nuestros gurises y a quienes gobiernan. Duplicar el presupuesto fue un gesto auspicioso; el desafío ahora es que ese esfuerzo se traduzca en alimentos nutritivos, frescos, en control comunitario real y en el fortalecimiento —no en el vaciamiento— de la economía y el tejido social entrerrianos. Cada plato servido con calidad y con controles claros no es solo una respuesta a una urgencia: es una apuesta a futuro, la de una comunidad que, sentada a la misma mesa, aprende que lo público puede —y debe— ser sinónimo de cuidado, confianza y dignidad compartida.

Lisandro Amavet, defensor del Pueblo de Paraná.